El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha subrayado este viernes que las sanciones por contratación irregular pueden ir de 10.000 a 225.000 euros por trabajador, coincidiendo con el inicio de la campaña agrícola.
En declaraciones a los medios antes del inicio de una jornada sobre documentación y extranjería en la campaña agrícola organizada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, Beltrán ha incidido en la importancia de que los empresarios conozcan las condiciones de contratación, tanto en origen como en destino.
Asimismo, ha remarcado la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores ante el inicio de la campaña agrícola, en la que trabajarán entre 20.000 y 25.000 personas hasta octubre, que en el caso de que se contraten de forma irregular puede acarrear sanciones de entre 10.000 y 225.000 euros por trabajador.
Uno de los asuntos que se abordan en la jornada es la prevención de la trata de personas y a este respecto ha recordado que en Aragón se han producido intervenciones policiales vinculadas a abusos laborales y a situaciones “cercanas a la esclavitud” para maximizar el rendimiento económico de algunas empresas.
Un trabajo en el que, como ha informado, colaboran la Unidad de Extranjería de la Delegación del Gobierno, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo.
«ES IMPORTANTE DESMENTIR LOS BULOS QUE ESTÁN CIRCULANDO Y RECHAZAR CUALQUIER RELACIÓN ENTRE LA REGULARIZACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES Y EL TERRORISMO”
También ha defendido que la Ley de Extranjería y su reglamento se están actualizando «progresivamente» para facilitar la integración de las personas migrantes en el mercado laboral, reducir plazos y simplificar procedimientos administrativos.
Beltrán ha situado esta jornada en un contexto en el que la población migrante representa ya entre el 14% y el 15% de los trabajadores activos en Aragón y ha vinculado a ello el próximo proceso de regularización.
«Es importante también desmentir los bulos que están circulando», ha dicho, antes de rechazar cualquier relación entre la regularización de personas migrantes y el terrorismo, una afirmación que ha calificado de «completamente falsa».
Ha precisado que ese proceso comenzará “en las próximas semanas” y que se dirige a personas que ya están en España, trabajando o residiendo, y puedan acreditar su presencia previa.
En el caso de solicitantes de protección internacional, ha añadido que se tendrá en cuenta a quienes la solicitaron antes del 31 de diciembre del año pasado porque el objetivo, ha dicho, es «regularizar a personas que ya forman parte de nuestro tejido social y laboral».
Por su parte, el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón, Román García, ha señalado que la regularización «supone una oportunidad, no un problema» y ha considerado que, al coincidir con la campaña agrícola, permitirá a los empresarios recurrir a trabajadores «documentados o en proceso de documentación».
«No compensa contratar a personas en situación irregular», ha advertido, al recordar que las consecuencias económicas y legales son «muy graves» y que, además, cualquier accidente o prestación no cubierta recae directamente sobre el empleador.
