Desde hace algunos días, organizaciones agrarias de diversas puntos de España han comenzado a plantear la necesidad de que se amplíe el plazo hasta el 15 o el 31 de mayo para tramitar las ayudas de la PAC. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura parece que va a hacer oídos sordos a estas reclamaciones y que solo está dispuesto a escuchar lo que digan las Comunidades Autónomas, al preparar un decreto de aplazamiento en aquellas regiones donde las respectivas Consejerías lo hagan oficialmente. Por ahora, solo Aragón y Asturias lo han hecho.
En el primer caso. donde ARAGA Aragón ya ha formalizado sus quejas, se debe a las características de su procedimiento de presentación de la solicitud única en la que se pide al agricultor información complementaria sobre seguros agrarios, variedades de cultivos leñosos o sistemas de riego, como consecuencia de las particularidades de su Programa de Desarrollo Rural y de los ataques informáticos que han sufrido en sus servidores autonómicos.
En el caso de Asturias, se debe a la complicada gestión de la superficie comunal mediante recintos a los que se asignan referencias específicas diferentes a las establecidas en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), lo que hace más lenta la tramitación de la solicitud única en una región donde la superficie de pastos comunales es de 100.000 hectáreas, representa casi la mitad de la superficie declarada en esta Comunidad y afecta al 80% de los beneficiarios.
En el resto de Comunidades Autónomas, la situación es diferente. En Castilla-La Mancha y en Extremadura están siendo las propias organizaciones agrarias, y no sus Consejerías, las que están reclamando un aplazamiento debido especialmente a los numerosos fallos en el servicio informático, que está provocando un retraso en la tramitación de los expedientes. En la primera CCAA se habla de retrasos de una semana; en Extremadura se denuncia que a falta de dos semanas para concluir el plazo solo se ha gestionado el 50% de ls solicitudes, por lo que ambos casos se pide un aplazamiento. En Andalucía, sin embargo, se lleva tiempo defendiendo que no va a haber problemas.