El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha enfatizado este jueves 25 que la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria es de «obligado cumplimiento» y ha asegurado que «el peso de la ley recaerá sobre quien la incumpla». «Que nadie se equivoque, esta no es una norma optativa, esta es una ley y las leyes están para cumplirlas», ha alegado el ministro durante el turno de preguntas posterior a la presentación del Informe de consumo alimentario en España 2019.
Planas hacía referencia a la denuncia realizada por la organización agraria COAG, que ha asegurado este jueves que las principales industrias compradoras están coaccionando a las cooperativas de aceite de oliva para que vendan por debajo de costes. COAG ha facilitado una documentación sobre compra-venta de aceite de oliva en la que se «evidencia claramente» esta práctica, según ha señalado la organización agraria en un comunicado.
Al respecto, Planas ha insistido en que la normativa supone una obligación legal para todos los participantes del sector y busca «reequilibrar» la cadena para que los más desfavorecidos de la negociación mejoren sus condiciones, por lo que, si realmente se dan casos de incumplimiento, «la administración actuará en consecuencia».
El ministro ha explicado que este es un proceso de reforma en el que, por una parte, hace falta la existencia de un contrato escrito y, por la otra, es necesaria la inclusión de los costes de producción como un elemento de la negociación.
«El coste de producción es un elemento fundamental de la negociación y lógicamente tienen razón todos los elementos de la cadena, y especialmente aquellos mas desfavorecidos, en reclamarlo y, por eso, el Gobierno, respondiendo a esa demanda de agricultores y ganaderos y organizaciones agrarias, llevó adelante ese decreto ley», ha alegado.
Ha asegurado además que tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas van a «llevar a cabo una tarea de explicación sobre cómo llevamos adelante esos contratos escritos».
Asimismo, ha aclarado que este ámbito de regulación, que establece contratos públicos «negociados libremente entre las partes», «es el mejor instrumento para que la cadena de valor funcione correctamente».