Desde la organización agraria COAG Andalucía se ha trasladado un escrito a las autoridades comunitarias exigiendo la inmediata paralización del acuerdo preferencial que, en materia de comercio agrícola, la Unión Europea tiene establecido «con la dictadura de Marruecos», después de los acontecimientos ocurridos este 19 de mayo en la frontera española, con la invasión de miles de inmigrantes a Ceuta creando una crisis humanitaria.

En declaraciones a los medios, el secretario provincial de COAG Almería y Representante Nacional de Frutas y Hortalizas de la organización, Andrés Góngora, ha defendido que “no se puede permitir que Europa mantenga con una dictadura como la marroquí, sin escrúpulos en utilizar para sus fines políticos la crisis humanitaria de migración de personas -incluidos niños- de África a  Europa, un acuerdo comercial semejante que, además, solo beneficia a los fondos de inversión y a la oligarquía de Marruecos”.

Es por todo esto que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía exige que se suspendan  de inmediato los acuerdos comerciales con el país africano, una demanda que será trasladada, a su vez, a los euro-parlamentarios españoles y a las autoridades gubernamentales competentes para que también presionen a la autoridades europeas a tomar esta medida.

Desde COAG, “esperamos que, de una vez por todas, España y Europa entren en razón y no sucumban al chantaje marroquí”, indicó Andrés Góngora al respecto de los tristes sucesos de crisis humanitaria ocurridos en la frontera española.

Cabe destacar que la presión diplomática española y europea parece haber hecho efecto en Marruecos, que ha optado por controlar el flujo migratorio hacia Ceuta, lo que ha disminuido drásticamente la entrada de ciudadanos a través del mar. El Gobierno español no quiere aún dar por concluida la crisis porque el país vecino sigue siendo imprevisible, pero los últimos movimientos hacen pensar que al menos se ha mitigado de forma clara.

Asimismo,  la propia COAG presentó a finales del año pasado una denuncia formal ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en la que presenta indicios sobre una presunta red fraudulenta para sortear el pago de los derechos aduaneros de las importaciones agrícolas de Marruecos.