Los agricultores y ganaderos españoles deberán seguir esperando unas semanas más para conocer la letra pequeña de la política que marca su trabajo y su vida. El Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, las tres instituciones que dirigen la Unión no han sido capaces esta semana de cerrar un gran acuerdo que concrete la futura Política Agraria Común.

UPA ha lamentado que las negociaciones no hayan llegado «a buen puerto», pero reconoce que aún no es tarde para lograr un gran acuerdo que proteja especialmente al modelo mayoritario de la agricultura y la ganadería en España: el formado por explotaciones familiares de pequeña y mediana dimensión.

«La PAC va mucho más allá de ser una política para los agricultores y ganaderos, es una política que garantiza alimentos sanos, saludables y a precios asequibles a toda la población. Es por tanto una de las políticas más importantes de Europa», han explicado desde esta organización agraria.

LAS CLAVES DE LA NEGOCIACIÓN

Para UPA, el techo máximo de ayudas es una de las claves para el futuro de la PAC. «¿Qué sentido tiene que haya grandes terratenientes percibiendo sumas enormes de dinero cuando los pequeños agricultores y ganaderos se ven abocados al cierre?», reflexionan. El techo máximo de ayudas es una reivindicación histórica y una conquista social «irrenunciable», que el propio Parlamento Europeo respalda.

UPA ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que no dé ni un paso atrás en la exigencia de una ayuda redistributiva de, al menos, el 12%. Esta ayuda debe servir para lograr la ansiada ‘justicia social’ en las ayudas al campo que vienen de Europa. «Ese apoyo debe ser uno de los puntales del futuro del medio rural español y europeo. Protegiendo a los más pequeños estaremos luchando por el reto demográfico y contra la despoblación, y fomentando los modelos de agricultura y ganadería más sostenibles», asegura UPA.

Sobre la llamada condicionalidad social de las ayudas, UPA cree que los derechos laborales deben cumplirse todos «sí o sí». Vincular la percepción de una ayuda al cumplimiento de derechos es una «incongruencia», han recalcado.

Tanto la Comisión, como el Parlamento y el Consejo «deben ser muy conscientes», a juicio de UPA, de los avances que la agricultura y la ganadería han hecho en estos años en competitividad, sostenibilidad y modernización. «No podemos permitirnos que ningún agricultor o ganadero se vea obligado a abandonar por no cumplir nuevas exigencias de carácter medioambiental», recalcan.

Las negociaciones se posponen ahora hasta finales de junio, cuando habrá una nueva oportunidad para lograr «un acuerdo sólido que siente las bases de una PAC que apoye a los que más lo merecen y lo necesitan, a los que vivimos y trabajamos en los pueblos y alimentamos a toda la sociedad», han concluido.