El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero por el que se exigía a Andalucía el pago de 63,7 millones de euros correspondientes a la sanción europea en relación con las ayudas en zonas de pastos. De esta forma, esta región se suma a Extremadura, la Rioja, Galicia y Castilla y León que ya han visto resoluciones similares a su favor.
El alto tribunal ha atendido la reclamación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que había advertido en numerosas ocasiones del «perjuicio económico» que provocaría la decisión del Gobierno central de derivar a las comunidades autónomas (junto a Andalucía hay otras diez perjudicadas por esta situación) la sanción de 262,8 millones de euros que la Comisión Europea le impuso al Ejecutivo central por el aprovechamiento de los pastos.
Según la versión de la Junta andaluza, la sanción de Bruselas «responde a que, según las instituciones europeas, el Gobierno traspasó a la normativa estatal, de forma tardía e inadecuada, el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos excluyendo terrenos no productivos como los ocupados por arbolado o matorral denso», informa en un comunicado.
La Junta espera que los tribunales «nos den la razón y no tengamos que pagar una multa»
«Con el acuerdo del 17 de febrero, el Ejecutivo central endosó a las comunidades la responsabilidad por este defecto, referido a las campañas entre 2009 y 2013», señala la Junta.
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, se ha felicitado por el respaldo a la postura de Andalucía por parte del TS, ante el que se presentó un recurso después de que el Gobierno central «no tuviera en cuenta» la reclamación que previamente se hizo por vía administrativa.
«Esperamos que, al igual que ahora se ha suspendido cautelarmente esa decisión del Gobierno central que nosotros considerábamos injusta, al final los tribunales nos den la razón y no tengamos que pagar una multa que sería un grave perjuicio para los intereses de Andalucía y, muy especialmente, de los más de 250.000 agricultores y ganaderos que perciben ayudas de la política agrícola común»,, ha recalcado la consejera andaluza.
La Consejería, con el respaldo unánime de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, solicitó la suspensión cautelar de esta medida debido a las graves consecuencias que el desembolso exigido supondría para los intereses económicos y sociales de Andalucía y especialmente del medio rural.