El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha resaltado en el Parlamento que la propuesta de Reglamentos de la Política Agrícola Común (PAC) 2021-2027 presentada por la Comisión Europea deja un «sabor agridulce, ya que da una de cal y otra de arena a las reivindicaciones planteadas desde Andalucía». Así, ha explicado que se confirma el recorte del 16% de los fondos para la PAC, «algo que como ya hemos dicho en varias ocasiones rechazamos rotundamente, por lo que vamos a seguir batallando para no perder ni un euro».
Para el consejero, «es el momento de revertir esta situación, de dar un vuelco a las propuestas y dar a cada uno lo que realmente le corresponde: los recursos que arrebataron a los andaluces y andaluzas, unas ayudas justas para los que menos tienen y justas para los jóvenes y mujeres».
«Para nosotros, el capping debe fijarse en 60.000 euros, con el objetivo de beneficiar al mayor número de agricultores»
«No podemos permitir que la PAC pierda la mitad del peso que tenía hace 30 años» (ha pasado del 60% en los años 90 a un 30% en la actualidad), «ni que se convierta en una política de segunda», ha recalcado Sánchez Haro ate la pérdida de los fondos de la PAC.
El titular de Agricultura andaluz ha afirmado también que la propuesta da pasos en el sentido que defiende Andalucía, como es el caso de que «reconoce el papel del pequeño y mediano agricultor, aquellos agricultores pluriactivos, es decir, los que tienen otras actividades distintas a la agricultura y complementarias a su renta». Desde la Consejería, se viene reivindicando que se apoye también la labor de estas personas, que necesitan un complemento a su renta para quedarse en el campo, contribuyendo así a fijar la población en el medio rural.
Asimismo, según Sánchez Haro, la Comisión se muestra sensible con otra de las cuestiones de justicia social para Andalucía, como es la redistribución de las ayudas, con una reducción progresiva y limitaciones de los pagos directos a percibir por un agricultor. En este caso, sin embargo, lamenta que se plantee situar este tope en 100.000 euros. «Para nosotros, el capping debe fijarse en 60.000 euros, con el objetivo de beneficiar al mayor número de agricultores, ya que por encima de esa limitación están solo unos 3.000 perceptores, un 1,25%, que concentran el 27% de los fondos de la PAC (370 millones de euros cada año)».