El sector agrario andaluz, representado por ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, insiste en la urgencia de aplazar la aplicación de los eco-regímenes del nuevo marco normativo de la PAC ante «la incertidumbre que genera a los agricultores y los ganaderos la falta de una normativa clara, en continuo cambio y diseñada sin estudios de impacto previos».

Las organizaciones firmantes se muestran firmes tras la «última provocación» del ministro de Agricultura, Luis Planas, a los agricultores y ganaderos andaluces, que ha tenido lugar este miércoles 2 en el Congreso de los Diputados. Allí, en respuesta a una pregunta en la sesión de control del Gobierno, el titular de Agricultura ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad” para que el sector agrario aproveche todas las oportunidades que ofrece la nueva PAC, criticando además las “voces aisladas e irresponsables” que solicitan la no aplicación de los ecorregímenes, en clara alusión al rechazo que el Plan Estratégico de Planas ha generado en Andalucía, que justamente es la principal región agraria de España.

Esta afirmación del ministro ha provocado la indignación de las organizaciones agrariasASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, quienes consideran que se trata de «un claro desprecio a los agricultores y ganaderos andaluces».

Los representantes de la principal región agraria sostienen que “ni son voces aisladas ni irresponsables. El sector agrario andaluz tiene motivos de peso para rechazar el Plan Estratégico de la PAC, ya que hurta a Andalucía 500 millones de euros y busca desmantelar su modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivo su medio rural, con el objetivo de abrir las puertas del campo a los fondos de inversión».

ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía entienden que no hay una normativa clara, por lo que «lo irresponsable es exigir la aplicación de una norma que está en fase de borrador, con continuos parches y que sólo genera incertidumbre en el sector, por lo que lo lógico y sensato, si no hubiera otros intereses de por medio, sería retrasar un año la aplicación de los ecorregímenes».

DENUNCIAN QUE NO SOLO NO HAY UNA NORMATIVA CLARA SINO QUE BENEFICIA A OTRAS CCAA EN DETRIMENTO DE ANDALUCÍA

Asimismo, recuerdan que Planas tuvo claro desde un primer momento que «iba a llevar a cabo su nueva política agraria a toda costa, con un marcado perfil autoritario, sin dar información, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, que incluye a uno de cada tres perceptores españoles de la PAC, y sin tener en cuenta las constantes demandas de consenso, ni las movilizaciones celebradas en unidad de acción».

En definitiva, para estas organziaciones, «ha priorizado los intereses de algunas comunidades, generando desequilibrios y agravios territoriales». Según los datos manejados desde Andalucía, las medidas del Ministerio de Agricultura van a provocar un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades, ya que, entre otras cosas, penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) sin considerar las especificidades de algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva, que quedan degradadas y se integran en regiones mucho menos productivas.

Como ya señalaron en su momento las organizaciones firmantes, el impacto de estas medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de enero «será dramático para los agricultores y los ganaderos andaluces, máxime en un contexto como el actual de sequía extrema, fuerte crisis energética y de incremento desmesurado de los costes de producción, a lo que deberán sumar laspérdidas en la PAC, lo que acabará con la rentabilidad demiles de explotaciones andaluzas».

Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío.

La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que -como recuerdan- el Plan Estratégico «complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor».

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