La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha efectuado el pago por un importe superior a 13,6 millones de euros de las ayudas de desarrollo rural destinadas a zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas, como las zonas de montaña. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha destacado que «el objetivo de estos incentivos es contribuir a la viabilidad y la sostenibilidad económica del sector agrario en áreas geográficas de mayor dificultad».
En el caso concreto de los pagos compensatorios por zonas de montaña, los pagos ascienden en la presente convocatoria de 2023 a casi 9,5 millones de euros y beneficia a un total de 7.674 titulares de explotaciones agrarias ubicadas en áreas montañosas de las ocho provincias andaluzas.
Se suman los pagos compensatorios por otras zonas con limitaciones naturales significativas, distintas a las de montaña, que suman un importe de ayudas total de casi 3,8 millones de euros y que cuenta con 4.925 titulares de explotaciones agrarias beneficiarios, también distribuidos en la totalidad de las provincias andaluzas.
Finalmente, 216 titulares de explotaciones con otras limitaciones específicas, como la coexistencia de sus fincas con espacios protegidos o condiciones naturales próximas a las de montaña, reciben 377.962 euros de ayudas. La mayoría de los perceptores de esta línea específica se encuentran distribuidos principalmente en las provincias de Almería, Granada, Huelva y Sevilla.
Los beneficiarios deben cumplir los requisitos establecidos para la percepción de estas ayudas, como son las de ser agricultor activo, poseer la titularidad de una explotación agraria sobre la que se solicita la ayuda que esté inscrita en el registro andaluz. A ello se suma la exigencia de que el agricultor no sea pluriactivo, tenga la explotación ubicada en determinados municipios de la comunidad autónoma andaluza y, en caso de que exista superficie forrajera, que cumpla con una carga mínima ganadera.
Los pagos se conceden por hectárea de superficie agrícola con el objetivo de compensar a los beneficiarios por la totalidad o parte de los costes adicionales y el lucro cesante relacionados con las limitaciones naturales u otras limitaciones específicas de la zona en cuestión, y efectuando una comparación con las zonas que no se ven afectadas por esas limitaciones.