El secretario general de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas, le parece bien que sean los tribunales los que al final decidan quién debe asumir la multa impuesta por la Comisión Europea por la mala interpretación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos en los pagos de la PAC.
En concreto, y en relación con el anuncio de la Junta de Andalucía de que recurrirá judicialmente la decisión del Gobierno de desviar a las regiones la sanción europea por las ayudas en zonas de pastos, Cabanas ha apuntado que esta Comunidad «está en su derecho» de hacerlo, así como el resto CCAA, en referencia a Extremadura, que tampoco está dispuesta a asumir este coste.
El secretario general del Mapama ha precisado que el Ejecutivo adoptó esta decisión en Consejo de Ministros «en función de las responsabilidades de cada uno», y las comunidades tienen la posibilidad de recurrir y «tendrán que decidir los tribunales».
Según datos de la Junta de Andalucía, la multa, de 262,8 millones de euros, afecta a once comunidades autónomas siendo Andalucía y Extremadura, que deberían devolver 63,7 y 79,6 millones, respectivamente, las más perjudicadas, especialmente por la interpretación que se hace de los pastos en las dehesas y en el monte mediterráneo.