Las inspecciones que ha realizado la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) desde que comenzara su actividad hace seis años, han concluido con 1.916 infracciones con sanción.

Según los resultados presentados este martes 11 por el consejo asesor de este organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el sector con un mayor número de incumplimientos ha sido el hortofrutícola, con 824.

Le siguen el lácteo, con 315 infracciones sancionadas; el vitivinícola, con 256; y el del aceite de oliva, con 151, ha precisado el ministerio en una nota.

Entre 2014 y 2019, la agencia realizó 4.264 inspecciones de oficio, de las que 1.448 correspondieron al sector de frutas y verduras; 795, al vitivinícola; 776, al lácteo; y 569, al del aceite de oliva, entre otros.

En total, se impusieron multas por valor de 10,98 millones de euros por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria

Además, analizó un total de 293 denuncias recibidas, de las que 113 se dieron en el sector lácteo, 78 en frutas y hortalizas, 28 en el vitivinícola, 36 en el oleícola y 28 en otros sectores.

El motivo más frecuente de sanción se debió al incumplimiento de los plazos de pago en el 49 % de los casos, la ausencia de contratos (16 %), la no inclusión de los extremos mínimos en los contratos (13 %) y la falta de suministro de información requerida (11 %).

En cuanto a los actores de la cadena sancionados, el 39 % de las infracciones fueron atribuidas a la industria agroalimentaria; el 37 %, a la distribución comercial mayorista; el 16%, a la distribución minorista; y el 8 %, a los productores.

En total, se impusieron multas por valor de 10,98 millones de euros por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.

La directora de la agencia, Gema Hernández, ha destacado que en 2020 deberán prepararse para la trasposición de la directiva de Prácticas Comerciales Desleales y continuarán con la labor de información sobre la Ley de la Cadena, entre otras prioridades.

Desde 2018 ejerce su actividad de inspección en aquellas autonomías que han firmado un convenio de encomienda de gestión con el Ministerio (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Aragón, La Rioja y Madrid).

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