Las Asociación Asturias Ganadera ha acusado al gobierno asturiano de «frenar» el proceso de clasificación de montes vecinales de mano común al denunciar que se siguen manteniendo «los obstáculos artificiales y conscientes a la clasificación».
Durante muchas décadas los responsables políticos de la Consejería de Medio Rural obstaculizaron activamente la clasificación de los Montes como Vecinales en Mano Común, no solo incumpliendo su obligación legal de llevar a cabo la investigación de oficio de los montes asturianos que reunían las características de Vecinales en Mano Común y proceder a la clasificación de los mismos, sino torpedeando conscientemente las solicitudes que los propios vecinos presentaban.
Reconocen que la llegada del Consejero parecía traer nuevas iniciativas en favor de los montes vecinales,» pero hoy por hoy se puede resumir en humo: buenas palabras, reuniones con buenas palabras y un sólo hecho consumado, la primera clasificación, aunque era un expediente que había comenzado ¡siete años antes, y que tuvo que aportar información innecesaria, solicitada sólo para hacer desistir a los vecinos! Por cierto, aún no está registrado el cambio de titularidad. Mentiras o incompetencia, aún no estamos seguros. No queremos reuniones sin avances objetivos inmediatos».
Lo cierto es que se mantienen los obstáculos artificiales y conscientes a la clasificación, especialmente debido a que algunos técnicos como Pilar Díaz Muñoz, Jefa de Sección que debería ser sustituida inmediatamente, siguen con la consigna ilegal e ilegítima de frenar un proceso que ya les aventuramos que será imparable. Y lo hacen con acciones que rozan o traspasan los límites de la prevaricación (no aplicaron la Ley conscientemente durante años), y tenemos pruebas de que Pilar Díaz Muñoz en particular incurrió en un delito de «infidelidad en la custodia de documentos», pidiendo documentación que ella misma poseía, y que además la había extraído previamente del archivo público donde los vecinos podrían encontrarlos. El artículo 413 del Código Penal dicta que «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas…».
Por esto, desde la Asociación se afirma que «Comenzamos a dudar que el consejero Alejandro Calvo diga la verdad cuando repite que ayudará a un proceso al que los presupuestos generales no dan un euro, donde, según confirmamos tras consultar al abogado que lleva cerca de cuarenta expedientes, no se avanzó objetivamente en ninguno de los trámites, y donde mantiene en funciones a técnicos que son saboteadores históricos del proceso de devolución de los montes a las comunidades vecinales».
«Hechos, cesiones o dimisiones. Clasificaciones ágiles y sin obstáculos, como ocurre en Galicia, cesiones de los puestos técnico-políticos inútiles o activamente contrarios al proceso, o dimisión del Consejero si no se muestra capaz de poner orden en los departamentos que le competen», aseguran.