Las primeras valoraciones sobre el acuerdo de la PAC alcanzado en el Consejo de Ministros Europeos se alejan de «la satisfacción» que mostraba el ministro Planas y son unánimes: «Sin conocer el dinero disponible no se puede celebrar ni analizar nada».
Desde COAG han sintetizado su postura en unas declaraciones de su secretario general, Andrés Góngora : «Hoy los ministros han acordado las reglas del juego, pero no cuántas fichas habrá ni quién se las lleva. Una PAC recortada, diluida en un fondo único y sin límites efectivos a los grandes percectores de ayudas ( en muchos casos corporaciones y fondos buitre) no garantizan el futuro de la agricultura profesional. Pedimos al Gobierno firmeza en el presupuesto y al Parlamento Europeo que no ceda en el reparto justo».
COAG ADVIERTE DE QUE SE PLANTEA UN RECORTE DEL 20% QUE PUEDE SER MAYOR EN TÉRMINOS REALES Y CON RIESGO DE RENACIONALIZACIÓN»
En su análisis lamentan que la PAC pierde su arquitectura propia. «El Consejo confirma la fusión del FEAGA y el FEADER en una estructura única dentro de los planes nacionales y regionales de asociación, junto a la cohesión, la pesca o la migración. El riesgo de renacionalización y de competencia entre políticas por los mismos fondos es real. Las condiciones de los agricultores dependerán cada vez más de la capacidad presupuestaria de cada Estado».
El dinero sigue sin estar sobre la mesa. «El blindaje propuesto de unos 300.000 millones de euros para la ayuda a la renta y las crisis supone un recorte de más del 20% en términos nominales frente a los cerca de 387.000 millones del periodo actual, y mucho mayor en términos reales. Además, la propuesta de la Presidencia irlandesa para el MFP reduce un 30% la reserva de crisis. Es un mensaje incomprensible cuando los productores afrontan una nueva escalada de los precios de la energía, los fertilizantes y los piensos por la guerra de Irán».
El reparto justo, aplazado. «La degresividad y el capping se han remitido a la negociación horizontal del MFP. El pago redistributivo queda solo como opción para los Estados. La Presidencia llegó a plantear un capping voluntario y elevado a 300.000 euros. Una PAC sin límites efectivos seguirá concentrando el apoyo en grandes perceptores y fondos de inversión, en detrimento de quienes viven del campo. COAG valora que el Consejo haga obligatoria la definición de agricultor activo a partir de un nivel mínimo de actividad agraria. También valora que exija un pago reforzado para los jóvenes agricultores, una estrategia de relevo generacional y un paquete de inicio. Y que las ayudas de crisis cubran expresamente las enfermedades animales y vegetales, además de los desastres naturales y los fenómenos climáticos adversos. Son reivindicaciones históricas de COAG. Igualmente positivo es la simplificación de controles y sanciones que va en la línea que reclamamos».
Por ello, piden:
▪️ Presupuesto primero. Una PAC con dotación propia, al menos en términos reales constantes respecto a 2021-2027, sin cofinanciación nacional obligatoria de la ayuda a la renta y con una reserva de crisis reforzada, no recortada. El Gobierno debe mantener el acuerdo global «sin cifras no hay cierre» en el Consejo Europeo extraordinario de los días 26 y 27 de noviembre.
▪️ Ayudas para quien produce. Capping obligatorio a partir de 100.000 euros, descontando los costes laborales y agregando las ayudas por titular real para evitar fraccionamientos. Pago redistributivo obligatorio. Lista negativa mínima y común de agricultor activo que excluya a meros propietarios, sociedades de inversión e inmobiliarias.
▪️ Jóvenes: mantener el límite de 40 años y la condición de joven durante todo el periodo de ayuda, con una dotación reservada.
▪️ Insumos y costes: que la PAC incorpore la reducción de la dependencia de fertilizantes y piensos importados y mecanismos ágiles frente a crisis de costes.
ASAJA LO TIENE CLARO: “NO SE PUEDE CERRAR UNA REFORMA DE LA PAC SIN CONOCER PREVIAMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE LA SOSTENDRÁN”
Por su parte, ASAJA considera que el acuerdo alcanzado «es únicamente un avance parcial y que, a día de hoy, no existe ningún motivo para la satisfacción. La principal razón es que los Estados miembros han acordado orientaciones políticas y normativas sin haber resuelto aún la cuestión fundamental: el presupuesto de la PAC para el periodo posterior a 2027».
La organización recuerda que, en Bruselas, sigue vigente una máxima básica de toda negociación comunitaria: “nada está cerrado hasta que todo está cerrado. Mientras no se conozca la financiación definitiva de la futura PAC, es imposible valorar el verdadero impacto de la reforma sobre las explotaciones agrarias europeas».
La preocupación de ASAJA está plenamente justificada por los análisis realizados por Farm Europe, que alertan de que la propuesta presupuestaria actualmente planteada podría traducirse en una reducción significativa de la renta agraria en toda la Unión Europea. Según estas estimaciones, la pérdida media alcanzaría los 94 euros por hectárea en la UE en 2035, mientras que en España la reducción sería de 72 euros por hectárea, una cifra especialmente preocupante para la rentabilidad de miles de explotaciones.
Para ASAJA, estos datos evidencian «que no se puede cerrar una reforma de la PAC sin conocer previamente los recursos económicos que la sostendrán, especialmente cuando las previsiones apuntan a una reducción de rentas para agricultores y ganaderos.
Además, la organización insiste en que el debate sobre la futura PAC «no puede alejarse de los problemas inmediatos que afronta el campo europeo. Antes de discutir nuevas exigencias, nuevos modelos de ayudas o nuevas estructuras administrativas, es imprescindible adoptar medidas urgentes para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones». Entre ellas, ASAJA considera prioritario prolongar los mecanismos de apoyo para afrontar el coste de los fertilizantes, ampliar las posibilidades de ayuda al gasóleo agrícola y reforzar la reserva de crisis de la PAC.
En definitiva, ASAJA defiende que «el objetivo no debe ser alcanzar un acuerdo a cualquier precio, sino garantizar que los agricultores y ganaderos puedan seguir produciendo y viviendo de su trabajo. Un acuerdo sin financiación suficiente, que según las estimaciones actuales podría suponer para España una pérdida de 72 euros por hectárea de renta agraria, no responde a las necesidades del sector. La prioridad debe ser asegurar una PAC fuerte, común, adecuadamente financiada y capaz de sostener la renta de quienes producen alimentos en Europa».
