La organización agraria ASAJA ha celebrado las decisiones del Parlamento Europeo (PE) a favor de mejorar posición de los agricultores en las relaciones de la cadena alimentaria, blindando los contratos, mientras que Unión de Uniones (UDU) la ha valorado con matices, al considerar que la reforma se queda corta.
ASAJA, las plataformas Farm Europe y Eat Europe han mostrado su satisfacción, en un comunicado conjunto, sobre el dictamen de la Eurocámara, aprobado en Estrasburgo el miércoles, que respalda una revisión de la organización común de los mercados agrícolas (OCM) con propuestas «clave» para proteger mejor a los agricultores.
Han celebrado «la postura decidida a favor del etiquetado, la transparencia en el origen de los productos, la protección de los consumidores y la puesta en valor de las cooperativas por sus estándares justos», según la nota.
También han valorado «la puesta en marcha de un marco normativo sólido y exhaustivo para salvaguardar las denominaciones de los productos cárnicos», especialmente en lo referente a términos como «hamburguesa», «salchicha» y «filete, utilizados habitualmente de forma inadecuada» en la venta de imitaciones.
UNA REFORMA POSITIVA PERO QUE SE QUEDA CORTA EN ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES
Por su parte, UdU ha afirmado, en un comunicado, que la Eurocámara ha incorporado «varias propuestas planteadas por la organización» y considera «que la reforma se queda corta ya que el texto aprobado no resuelve los desequilibrios estructurales que siguen afectando a los agricultores y ganaderos europeos».
La organización agraria ha valorado las mejoras en los contratos, aunque ha opinado que los umbrales para suscribirlos «siguen siendo altos» pero ha lamentado que otras propuestas igualmente esenciales hayan sido «rechazadas o diluidas».
Ha criticado que no se haya eliminado el límite del 33 % de la producción nacional para las asociaciones de organizaciones de productores, que seguirá «restringiendo su capacidad de concentración «, y la reducción insuficiente de los umbrales económicos (de 10.000 a 4.000 euros) para la obligatoriedad de los contratos. UdU había propuesto un umbral de 1.000 euros.
Por otra parte, ha opinado que el dictamen de la Eurocámara «se ha quedado corto: Los problemas de fondo siguen siendo los mismos: la concentración de poder en la distribución, la opacidad en la formación de precios y la lentitud de las administraciones para actuar ante los abusos», según el comunicado.