La Unión Extremadura ha presentado contra varias bodegas de la región una denuncia ante el AICA para que se les reclame los datos de entrega de uva y los compare con las fechas de registro de los respectivos contratos, al tener constancia de que hay bodegas que «aún no han firmado los contratos de compra-venta de uva, por lo que los agricultores desconocen el precio que la bodega les va a imponer».
La organización agraria, recuerda que Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria establece en su artículo 8.1 que todos los contratos deberán formalizarse por escrito y que los mismos tendrán que estar firmados y registrados antes del inicio del depósito de la mercancía en las instalaciones del comprador.
Pero cuando se lleva más de una semana de vendimia en la uva con destino a cava, la organización denuncia que «existen bodegas en Almendralejo que aún no han firmado los contratos de compra-venta de uva con los agricultores que se la están suministrando, por lo que los mismos desconocen el precio que la bodega les va a imponer«.
En la Unión han recibido denuncias «de que las principales bodegas que están recibiendo la uva sin registrar los contratos son: Bodegas Romale, López Morena y Vitilosa», por lo que La Unión ha presentado contra las mismas una denuncia ante el AICA para que les reclame los datos de entrega de uva y los compare con las fechas de registro de los respectivos contratos, para cerciorarnos de que efectivamente se está cumpliendo con lo estipulado en la Ley.
LOS COSTES EFECTIVOS DE PRODUCCIÓN QUE PARA ESTA CAMPAÑA OSCILAN ENTRE LOS 0,49 Y LOS 0,58 €/KG.
Una vez se registren dichos contratos la Unión evaluará «si los mismos cumplen lo estipulado en el artículo 9 de la citada Ley y que el precio de los mismos al menos cubren los costes efectivos de producción que para esta campaña oscilan entre los 0,49 y los 0,58 €/kg. A los que lógicamente el productor tendrá que sumar el beneficio que quiera obtener».
De forma paralela, denuncian que los viticultores extremeños van a tener una referencia del estudio de costes de producción gracias a los trabajos realizados por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña «ya que la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura se niega realizar los estudios de costes de producción que estipula la Ley de mejora de la cadena alimentaria con el argumento de que este estudio de costes no sirve para nada».
Tras recordar que los costes de producir un kg de uva en Extremadura son similares a los de otras regiones de España, al ser variedades similares, «no entendemos el motivo de que se reclamen competencias al Estado para luego no desarrollarlas en la región y nuestros agricultores tengan que buscar datos en los estudios realizados por otras administraciones regionales».