La Ley de Restauración de la Naturaleza ha logrado superar, por un estrecho margen, la votación crítica en el Parlamento Europeo, de forma que esta controvertida iniciativa del Pacto Verde Europeo podrá proseguir su tramitación legislativa. La Eurocámara tendrá ahora que negociar la normativa definitiva con el Consejo de la UE, donde los Estados miembros ya consensuaron un enfoque común sobre un proyecto de ley al que se oponen frontalmente la extrema derecha y el Partido Popular Europeo (PPE), así como una gran parte del sector agrario.

El pleno votó primero una enmienda clave para rechazar el texto al completo, que cayó con 312 papeletas a favor, 324 en contra y 12 abstenciones ante el estruendoso aplauso de las bancadas liberal, socialista y verde, unidos en su defensa del proyecto de ley. A continuación, el hemiciclo europeo escrutó una a una las 129 enmiendas añadidas al informe preparado por el español César Luena (PSOE), para finalmente votar el texto al completo, que fue aceptado por 336 escaños a favor, 300 en contra y 13 abstenciones.

El Parlamento, dividido entre partidarios y detractores de una norma que Bruselas ve imprescindible para paliar los efectos del cambio climático, ha decidido así seguir adelante con el texto, después de que a finales de junio los eurodiputados de la comisión de Medio Ambiente diesen el primer paso para abandonarla, con 44 votos a favor y 44 en contra. La ley pasa ahora a negociaciones a tres bandas (trílogos) entre los negociadores del Parlamento Europeo, los gobiernos nacionales y la Comisión Europea para acordar un texto definitivo.

OPOSICIÓN POLÍTICA LIDERADA POR EL PARTIDO POPULAR EUROPEO

La ley ha sido duramente criticada por el Partido Popular Europeo, que ha manifestado su rechazo frontal a la normativa en las comisiones parlamentarias de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca por considerar que «no es suficientemente buena» y que va «en contra de todo el sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores».

La Ley de la Restauración de la Naturaleza, que parte de una propuesta lanzada en diciembre por la Comisión Europea para acompasar el paso del bloque comunitario a los acuerdos sobre biodiversidad alcanzados en la COP15 de Naciones Unidas, pretende reparar en 2030 el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos dañados de la UE y todos ellos para el 2050.

Pero el expediente, al que se oponen también los grandes empresarios agrícolas, representados por la plataforma Copa-Cogeca, se ha envenenado políticamente desde que el presidente del PPE, el alemán Manfred Weber, convirtiera ese proyecto de protección de la biodiversidad en un arma arrojadiza contra la agenda verde, en lo que se interpreta como una toma de posición de los democristianos de cara a las elecciones el Parlamento Europeo de junio de 2024.

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