El reparto de las extintas Cámaras Agrarias de Extremadura puede acabar con una denuncia por presunta apropiación indebida del patrimonio público y una administración desleal del mismo por parte de la Unión Extremadura, al descubrir que han cedido los locales por 50 años a Asaja y UPA-UCE.
El 24 de diciembre de 2012 se publicó el Decreto 248/2012 por el que se transmitía el patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias Provinciales a la Junta de Extremadura. Uno de estos bienes son las Naves situadas en el Polígono Cepansa de Mérida, que están siendo utilizadas por las organizaciones agrarias Upa-Uce y Asaja.
Tras las elecciones del 8 de mayo por la que la Unión Extremadura consigue la calificación de OPA representativa al haber conseguido más del 15% de los votos, esta organización solicita a la Consejería de Agricultura la gestión de un local en dicho Polígono Cepansa, proporcional al resultado obtenido en las elecciones al campo, al igual que se les había adjudicado a las Opas que resultaron elegidas en las elecciones del año 2017.
La Secretaria General de la Consejería de Agricultura les ha informado que no se nos puede adjudicar local alguno en las extintas Cámaras Agraria ya que las mismas han sido adjudicadas el 19 de octubre de 2018, a Asaja y a Upa-Uce por un periodo de 50 años.
Ante esta situación, Unión Extremadura se pregunta «¿por qué se adjudica la gestión de unos locales procedentes del patrimonio de los agricultores a unas Opas por un periodo de 50 años, si las elecciones se celebran cada 5 años?»
En este sentido, no entienden «el motivo por el cual, alegremente, con nocturnidad y alevosía, la Junta de Extremadura dispone del patrimonio de todos los extremeños por periodos tan extensos y sin tener en cuenta la periodicidad con el que se eligen a los representantes de los agricultores».
CONSIDERAN QUE «ES INMORAL EL QUE ORGANIZACIONES AGRARIAS SE PRESTEN A ESTAS ACTUACIONES”
«Los locales y oficinas de la Asamblea de Extremadura ¿Cómo se adjudican a los partidos políticos? Por 50 años o por lo que dura la legislatura», se preguntan.
En la Unión entiende que «se ha cometido, presuntamente, una apropiación indebida del patrimonio público y una administración desleal del mismo, por ese motivo hemos solicitado todo el expediente administrativo para tener conocimiento del uso que la Junta de Extremadura está haciendo con el patrimonio de las extintas cámaras agrarias y posteriormente poner en manos de la Justicia dichas actuaciones».
Decía un portavoz del Gobierno de España, que en este país la Ley se cumple, «por lo visto esto no sucede en Extremadura, la Consejería de Agricultura no respeta los resultados de las elecciones al campo en Extremadura y realiza actuaciones que dejan sin contenido los resultados de las mismas, no solo por lo que se refiere a la gestión del patrimonio, sino también a la interlocución entre las Opas más representativas y la Administración», critican de la organización agraria.
Finalmente, consideran que «es inmoral el que organizaciones agrarias se presten a estas actuaciones y solo de esta manera se puede entender la actitud de sumisión de las mismas a la Junta de Extremadura durante los últimos años» .