Aunqe hace solo unos días el ministro Luis Planas aplaudía el respaldo del Gobierno de Aragón a su propuesta de la PAC, ahora el Ejecutivo aragonés ha remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un documento que recoge las alegaciones y propuestas de la Comunidad de cara a la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027, una propuesta del ministro Luis Planas que deja claro que rechaza.

En un comunicado, hecho público el mismo día en el que todo el sector agrario regional convoca una huelga general contra la propuesta de PAC del Gobierno, el Departamento de Agricultura del Ejecutivo regional asegura no apoyar una propuesta de elaboración que mantiene el modelo de PAC en vigor y que, por ello, imposibilita una reforma en profundidad del sistema que permita ofrecer soluciones a la agricultura familiar y profesional de la que depende la economía y demografía de las zonas rurales despobladas.

En el documento remitido se considera «no aceptable» que las zonas con más limitaciones productivas, como son los secanos áridos, sigan teniendo los pagos por hectárea más bajos.

Tampoco se considera «aceptable» que la profesionalidad, que viene siendo una exigencia en las ayudas destinadas a los jóvenes que se incorporan a la agricultura, se vea penalizada en la aplicación de las ayudas cuando deberían tener preferencia.

EN CONTRA DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS,  LAS EXCEPCIONES PARA SER AGRICULTOR ACTIVO Y LA PROPUESTA DE PAGO POR HECTÁREA

«No es admisible que, por efecto de los derechos históricos, sigan cobrando más quienes no tienen ganado mientras quienes si lo tienen no cobran lo suficiente, sobre todo en el caso del ovino, ni que se cobre por lo que se hacía y ya no se hace», añaden las fuentes citadas.

Desde Aragón se considera, además, «no justificable» establecer excepciones a las condiciones de agricultor activo a fin de que todos aquellos que perciban menos de 5.000 euros al año (el 58 % de los perceptores actuales de la PAC) no tengan ninguna condición que cumplir.

En las alegaciones presentadas como rechazo del Plan Estratégico de la PAC, se expresa la idea de que la necesidad del apoyo a la renta y redistribución de la ayuda directa en favor de los profesionales en el marco del modelo familiar cobra «mayor relevancia» si cabe con los nuevos condicionamientos ambientales.

Añaden las fuentes referidas que a pesar de contar con el apoyo del Gobierno aragonés, estos objetivos ambientales marcados por los ecoesquemas supondrán un coste adicional para los agricultores que, subrayan, «resulta imperativo compensar con un sistema de apoyo a la las rentas «más justo y eficaz».

La actual conformación del sistema se sustenta en los importes por hectárea que derivan de la reforma de la PAC de 1992, unas condiciones que, a juicio de la Administración aragonesa, «ni se mantienen ni se corresponden con los retos actuales y tan solo generan desequilibrios y agravios sociales y territoriales, injustos e injustificables».

El Departamento de Agricultura hace en su escrito una advertencia respecto a la «fragilidad» de la economía familiar vinculada a la ganadería extensiva de ovino de carne en Aragón, cuyo censo «viene reduciéndose gravemente».

En particular, se insiste en la insuficiencia de las actuales aportaciones y en el hecho de que la ayuda por hectárea aplicada a los pastos resulta «completamente incoherente» con la estructura del propio sector.

También se expresa el desacuerdo del Gobierno aragonés ante el hecho de que las medidas de agroambiente y clima, así como de agricultura ecológica sigan sin focalizarse en los profesionales del mundo agrario, «tal y como viene ocurriendo hasta ahora».