Un poco de todo para una moratoria en la protección del lobo. Las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA han valoran de forma muy positiva la reunión mantenida con el Director General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Miteco Jorge Marquínez, ya que supone un giro de 180 grados en la postura del Gobierno en torno al nuevo marco regulatorio sobre la gestión del lobo al aprobarse una moratoria. Sin embargo, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel) cree que el Ministerio hace un ejercicio de «deshonestidad» y de «incoherencia administrativa» al vincular la entrada del lobo en el Lespre a la elaboración de una nueva estrategia de gestión. Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que el Ministerio «tiene rotas todas las conversaciones» con las comunidades autónomas para abordar la situación del lobo.

Las organizaciones agrarias valoran positivamene la reunión, tal y como habían reclamadoen las calles y en los despachos, ya que a partir  de ahora el ministerio de Transición Ecológica, Comunidades Autónomas y representantes de los ganaderos, negociarán desde cero un nuevo plan de gestión y control del lobo que garantice la coexistencia de con la ganadería extensiva.

Además, durante el encuentro los altos cargos del MITECO se comprometieron a vincular la entrada en vigor de la Orden que incorpora al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) a la elaboración previa de la nueva estrategia nacional de gestión del lobo, que deberá ser aprobada por unanimidad.

ASAJA, COAG y UPA han reiterado al MITECO que este proceso deberá partir de un análisis actualizado del número real de manadas y ejemplares que existen en España y recoger un paquete  de medidas concretas para facilitar la coexistencia del lobo con la ganadería: control poblacional, ayudas para implementar medidas de prevención y compensaciones públicas frente a los daños, al margen del presupuesto de la PAC.

LOS DEFENDORES DEL LOBO ASEGURAN QUE HA HABIDO «DESHONESTIDAD» E «INCOHERENCIA ADMINISTRATIVA»

Por su parte, La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel), promotora de la inclusión de esta especie en el Lespre, cree que el Ministerio ha realizado un ejercicio de «deshonestidad» y de «incoherencia administrativa» al vincular la entrada del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) a la elaboración de una nueva estrategia de gestión.

La Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (integrada por comunidades autónomas y el Gobierno) decidió en febrero, con el voto de calidad del Miteco, dar el visto bueno a la inclusión del lobo en dicho listado por lo que el último paso sería la publicación de la Orden en el BOE.

Aún no se había publicado y, tras el anuncio hecho ahora por las organizaciones agrarias, Ascel cree que el Departamento de Teresa Ribera es «deshonesto» con los plazos administrativos.

De hecho, ha presentado una denuncia por «silencio administrativo» al no haber publicado ya esa Orden. En esta asociación creen que el Ministerio «supedita una vez más el bien, el interés general y el cumplimento de la legislación a lo que le digan determinado sectores».

CASTILLA Y LEÓN  NO ACEPTARÁ QUE LA MORATORIA SEA EN DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Finalmente, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que el Ministerio «tiene rotas todas las conversaciones» con las comunidades autónomas para abordar la situación del lobo. «No sabemos exactamente lo que el Ministerio quiere hacer», ha lamentado Suárez-Quiñones a los periodistas, durante la visita a Ávila, donde ha presenciado las primeras obras de rehabilitación del Área de Regeneración Urbana (ARU) «La Cacharra».

No obstante, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha asegurado que Castilla y León, junto a otras diez comunidades, no van a «admitir nada que no sea retirar la intención de incluir al lobo en el Listado de Especies Protegidas Silvestres de Protección Especial».

«La moratoria tiene que ser desde la no orden ministerial de inclusión», ha argumentado el consejero, antes de añadir que, de ser así, su departamento «siempre» ha ofrecido su «colaboración para trabajar en el marco de la Estrategia Nacional del Lobo de 2004, aprobada en conferencia sectorial por las comunidades con el Ministerio en 2005».

Desde su punto de vista, ese es «el ámbito de colaboración» desde el que ha dicho estar «totalmente dispuesto a trabajar, pero desde la no inclusión, desde la no orden ministerial, que es lo que pretende».

«Si esa moratoria es, establecer una moratoria en disposición transitoria, publicando la orden e incluyéndolo luego en el Lespre, no vamos a estar de acuerdo», ha reiterado Suárez-Quiñones.