Durante meses todo el campo salió a la calle para reclamar unos precios justos. En ese tiempo, la unidad del sector era su mejor carta de presentación ante la sociedad y, sobre todo, ante las administraciones. Sin embargo, esa unidad está a punto de romperse. Lo que era un grito unánime para exigir que agricultores y ganaderos pudieran cobrar como mínimo lo que les costaba producir ahora se ha convertido en un grave problema interno. Cada vez salen más voces en contra de esta medida que debe ser clave dentro de la reforma de la Ley de a Cadena Alimentaria. Y la oposición no viene de la industria, sino de las cooperativas y de alguna organización agraria, que auguran una ruina para el sector si se aprueba esta medida.
Primero fue Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía quien trasladó la indefensión de sus entidades asociadas a la hora de aplicar una reforma que obliga a vender siempre por encima de costes de producción, al verla ajena a la realidad del sector agroalimentario en su conjunto, «en el contexto de un mercado globalizado, bajista y donde impera la competencia desleal». Poco después fue a Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPHAL la que se sumaba a estas quejas con un video (Ver vídeo “efectos Ley de la Cadena” en este ENLACE) que rozaba el alarmismo y pronosticaba una hecatombe para todo el sector y poco menos que su desaparición en pocos años. Luego ha sido el secretario general de Asaja Cádiz, Luis Ramírez, quien aseguraba que es una medida “que no tendrá efecto porque es un sinsentido. Hay que ajustar los precios que reciben los agricultores y ganaderos, pero sin alterar las normas del mercado”, aunque desde Asaja nacional se ha moderado mucho este mensaje.
Y el problema que tienen todos es que solo les queda cuatro meses para llegar a un acuerdo, que es el tiempo que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado que estará cerrada la redacción de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria. Y de momento, desde el Ministerio dejan claro que «en la primera fase de esta modificación se ha introducido el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, la obligatoriedad del contrato escrito y la prohibición de la venta a pérdidas. Y a finales del mes de octubre, en una segunda fase, se incorporará la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la legislación nacional. El ministro espera que se produzca un gran debate en las Cortes Generales sobre el conjunto del sector, los márgenes productivos y su futuro».
Un debate que deberá ser político, pero que antes tendrá que consensuarse en el seno del propio sector agrario. Y, por la pinta, no parece que vaya a ser fácil mantener la unidad que caracterizaron las primeras protestas.