El Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda Sotillos, y la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, se reunieron este martes 12 con la Unión de Criadores de Toros de Lidia para analizar y conocer los problemas de la cabaña ganadera ocasionados por la crisis sanitaria del Covid19 que ha paralizado la actividad taurina precisamente al inicio de la temporada 2020, por lo que el sector pide ayudas ante uans pérdidas de 77 millones de euros.

Al encuentro telemático con los representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han asistido el presidente de la Unión de Criadores, Carlos Núñez, el directivo, Antonio Bañuelos y la directora de comunicación y relaciones institucionales, Lucía Martín.

Por parte del Ministerio se expusieron las líneas económicas ordinarias y habituales para el sector basadas en las ayudas compensatorias a los ganaderos procedentes de la PAC y la subvención destinada a la gestión del Libro Genealógico a las asociaciones ganaderas. La Unión de Criadores, por su parte, ante esta situación tan extraordinaria planteó ayudas y medidas de carácter extraordinario y excepcional para que los ganaderos puedan mitigar la difícil coyuntura al igual que se está realizando en otros sectores afectados, al igual que hace alguna CCAA.

«la desaparición de las ganaderías de esta raza autóctona supone un desastre ecológico, medio ambiental, que afectaría negativamente al tejido rural»

Asimismo, se hizo alusión al informe enviado por UCTL en el mes de abril que recogía la cuantificación de pérdidas que la suspensión de la actividad taurina está ocasionando en los ganaderos UCTL– más de 77 millones de euros-, censos de la raza, y medidas  para el sector bovino de lidia.

El presidente UCTL subrayó que “es necesario que el Ministerio de Agricultura, que es la casa de los ganaderos de bravo, ayude al sector de los criadores de toros de lidia porque la desaparición de las ganaderías de esta raza autóctona supone un desastre ecológico, medio ambiental, que afectaría negativamente al tejido rural, al empleo, a la cultura del toro y del campo de nuestro país”.

Asimismo, Carlos Núñez resaltó que “es importante comenzar a tener en cuenta por parte de la Administración la consideración de pagos por servicios ambientales que la sociedad recibe por la labor de conservación que los ganaderos de bravo llevan realizando a lo largo de la historia, máxime en esta situación que puede conllevar la desaparición de muchas de nuestras ganaderías y de nuestro patrimonio genético y medio ambiental”.

Finalmente, la Unión de Criadores insistió en la importancia de considerar el modelo de producción extensivo de bravo como un baluarte a defender en el plan estratégico que se ha marcado en la futura PAC.