Desde que comenzar el estado de alarma, uno de los pulsos que está teniendo el sector agrario es la defensa de la apertura de los mercados agrícolas. Desde el primer momento, el Gobierno se opuso a ello por motivos de segridad, pero poco a poco cada Comunidad Autónoma los ha ido legislando a su manera. De rechazos frontales a acabar cediendo, como en el País Vasco o Navarra, a una mayor flexibilización desde el principio, como en Cataluña, pasando por negativas como Andalucía o Castilla y León, cada CCAA ha actuado según su criterio sin ningún consenso, dejando en muchos casos la decisión final en los ayuntamientos, y solo con la presión del sector, en especial de los pequeños productores, como elemento común.
En este panorama, la UNIÓ de Llauradors informa que finalmente la Generalitat autoriza desde el próximo 30 de abril la celebración de los mercados no sedentarios de proximidad con productos de primera necesidad que se realizaban en muchas de estas localidades de la Comunitat Valenciana siempre y cuando cumplan una serie de condiciones mínimas, tal y como se había reclamado de forma insistente desde la declaración del estado de alarma por parte de esta organización agraria.
en la C. Valenciana la apertura de los mercados agrícolas será solo para productos de primera necesidad
Una vez reguladas las condiciones de apertura de estos mercados por parte de la Generalitat, ahora corresponde a los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana decidir o no su celebración, por lo que LA UNIÓ insta a los mismos a tener sensibilidad y comenzar a celebrar los mismos cumpliendo las normas que se marcan desde la administración autonómica.
LA UNIÓ ha podido saber que se va a publicar ya de forma inminente una Resolución de la consellera de Salud Universal y Salud Pública; a propuesta de la Conselleria de Agricultura y de la Economía Sostenible, por la que se establecen las condiciones para la apertura de los mercados de venta no sedentaria de productos de primera necesidad en la Comunitat Valenciana, durante el estado de alarma provocado por COVID-19.
Sólo se permitirán los puestos de venta de productos exclusivamente alimentarios y de primera necesidad, exluyendo hostelería y restauración. En la Resolución aprobada por la Generalitat se establecen una serie de requisitos para la apertura de los mercados agrícolas tanto en lugares cubiertos como no cubiertos, como es la delimitación con vallas o cualquier otro medio para limitar los espacios y evitar aglomeraciones. También se especifican otra serie de medidas complementarias basadas en el distanciamiento social y otro tipo de medidas higiénicas.
presión para que Castilla y León ceda y permita su apertura
En el otro lado, COAG Castilla y León insiste en la necesidad de que las distintas administraciones, en especial los ayuntamientos, autoricen la celebración de los mercados de venta directa y de proximidad de productos agrarios, ante la suspensión generalizada tras las medidas de contención de la pandemia por coronavirus. En este sentido, algunos gobiernos autonómicos como Euskadi o Illes Balears han pedido a sus ayuntamientos que permitan la reapertura de estos mercados guardando todas las medidas de seguridad sanitaria que corresponda. En Francia se estima la apertura de los mercados agrícolas en al menos un 25 por ciento de losque existen en el país vecino haciendo uso de esta posibilidad.
El Real Decreto 463/2020 establece la necesidad de asegurar el abastecimiento alimentario, por lo que resulta incomprensible y discriminatorio el veto a los mercados agrarios al aire libre. Por ello, COAG Castilla y León considera que las distintas modalidades de canales de venta directa de productos agrarios deberían celebrarse y prestar su servicio con normalidad, cumpliendo en todo caso con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, tales como mantener distancia de seguridad entre las personas, evitar aglomeraciones en el recinto de celebración, aumentar la separación entre puestos, etc.
Para la organización, mantner una negativa a la apertura de los mercados agrícolas y a «estos canales de venta directa supone un grave perjuicio para las explotaciones agrícolas que utilizan esta vía de comercialización -en torno a 25.000 en nuestro país y varios centenares en Castilla y León-, así como para los consumidores que optan por este canal de relación directa con los productores».