El Gobierno y las comunidades autónomas reforzarán la coordinación de medidas para mejorar la rentabilidad de la agricultura y la ganadería y para promover precios justos, en reacción a las movilizaciones del sector, que continúan en todo el país.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha celebrado este miércoles una reunión extraordinaria con los consejeros del ramo de todas las autonomías (excepto Cataluña y País Vasco, que no han acudido), para analizar las actuaciones con vistas a solucionar los problemas que denuncian los productores y mejorar la coordinación en su aplicación.

Planas ha constatado, en declaraciones al término de la reunión, que Gobierno y autonomías valoran las protestas, porque están sirviendo para que la sociedad se conciencie de la importancia del campo y de que su futuro es «fundamental» para los intereses españoles.

Según el ministro, la crisis «no se resuelve en 24 horas», sino que hace falta coordinar actuaciones que contribuyan a lograr precios más justos.

Entre las medidas más inmediatas está la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, prevista para las «próximas semanas» y que incluirá prohibiciones de prácticas desleales con el agricultor, como la venta a pérdidas o las promociones de alimentos de cara al público que supongan una merma del valor del producto.

Planas había explicado todas estas medidas previamente, en el Congreso de los Diputados, en reacción a una interpelación defendida por ERC, sobre la crisis en el sector de la fruta dulce.

Gobierno y autonomías también han analizado la necesidad de una mayor integración de la oferta, de revisar la ley de las interprofesionales y, especialmente, una buena negociación de la futura Política Agrícola Común (PAC) que mantenga los fondos para España.

Los consejeros autonómicos han reclamado al ministro una posición más fuerte en Bruselas, en la defensa de una PAC que sirva para conservar la renta agraria y solventar los problemas de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Más allá de las manifestaciones, en Baleares, las organizaciones agrarias han reclamado al alcalde de Palma que garantice la viabilidad del matadero en la ciudad, y han argumentado que su cierre supondría el fin del 85 % de las explotaciones ganaderas de Mallorca.

Las protestas, convocadas por las organizaciones Asaja, COAG y UPA siguen todo el mes, y entre ellas hay programadas manifestaciones, tractoradas y concentraciones en varios municipios de Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia.