El presidente nacional de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha asegurado este miércoles 15 que incrementar el Salario Mínimo Interprofesional sería «una bofetada» para la España vaciada, ya que las producciones no pueden asumir los costes laborales. Una postura que se alía con la defendida por COAG de cara a todo el sector agrario.

Tras presentar el balance del pasado año de la situación de los autónomos en Castilla y León, Amor ha comentado que, «en un pueblo pequeño, un autónomo que regente una cafetería, por ejemplo, no ha subido un 22,3 por ciento sus productos, que es lo que ha aumentado el salario en el último año».

Por ello, ha considerado que, si se apuesta por incrementar el Salario Mínimo, las consecuencias son que «o bien se prescinde del trabajador que se tenga contratado, o se cierra el negocio», aunque también puede «aumentar la economía sumergida», como ha ocurrido en 2019, en el que «60.000 personas» en España han pasado a esta situación.

En su opinión, el nuevo Gobierno «que parece cargado de nuevas reformas, la primera que debería abordar es la financiación autonómica y, en este aspecto, la despoblación debe ser un objetivo primordial, un plus adicional de dicha financiación autonómica».

Propone en el ámbito rural  «alcanzar un pacto y subir los salarios de forma progresiva»

«Es fundamental que haya incentivos fiscales para los autónomos de esos territorios con escasa población; fomentar el emprendimiento de la mujer y de los inmigrantes, porque la creación de carreteras o el AVE no van a solucionar la despoblación, más bien va a facilitar que la gente salga», ha matizado.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de facilitar ayudas a las pequeñas empresas, negocios o actividades, como la artesanía, para que se establezcan en el ámbito rural y, en un abanico más amplio, ha considerado determinante «alcanzar un pacto y subir los salarios de forma progresiva».

Según Amor, «no hay nadie que no quiera subir los sueldos a sus empleados, pero si el SMI alcanza los mil euros, eso supone para el empresario un coste laboral de 2.000, que en mucho casos es inasumible, de ahí que haya aumentado la economía sumergida», ha explicado.

«Hay que pensar que esta subida no afecta a las grandes empresas y que es importante que haya un acuerdo, a través del diálogo social, en el que se escuche a los que cobran y a los que pagan y que tenga en cuenta las diferentes circunstancias de cada uno», ha concluido.

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