La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha ampliado el plazo para solicitar las ayudas dirigidas a incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales de Andalucía de la convocatoria 2019, cuya dotación asciende a 106 millones de euros.
La orden por la que se resuelve ampliar el plazo hasta el próximo 26 de noviembre, publicada el pasado jueves, constituye un jarro de agua fría para el sector, que esperaba que además de la ampliación, se contemplasen enmiendas a la redacción de las bases 
reguladoras, corrigiendo errores de bulto y eliminando requisitos incumplibles que dejan sin opciones al 70% de los potenciales beneficiarios. Sin embargo, nada de esto se contempla en la citada orden, que se ha limitado a prorrogar el plazo de presentación de solicitudes.
Desde el pasado 3 de octubre, los titulares de terrenos y propietarios y gestores de dehesas cuentan con una línea de ayudas forestales fundamental para prevenir incendios y mejorar la salud de nuestro ecosistema forestal. En concreto, por esta orden se convocan las ayudas de Submedida 8.5.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, dirigida a incrementar el valor medioambiental de estos ecosistemas.
La obligatoriedad de tener un plan de ordenación forestal excluye al 70% de los potenciales beneficiarios
Sin embargo, la orden ha defraudado las expectativas de gran parte del sector al cerrar la puerta a la única medida pública, financiada por la Unión Europea, para desarrollar trabajos silvícolas, mantener el monte limpio y contribuir a la prevención de los incendios forestales.
Las bases reguladoras, que en algunos aspectos pueden contravenir las indicaciones de la Comisión Europea, establecen la obligatoriedad para aplicar a estas ayudas forestales de contar con un Plan de ordenación forestal, un requisito que no se contemplaba en anteriores convocatorias y que excluye al 70% de los potenciales beneficiarios, cerrando el acceso a un gran número de agricultores, ganaderos y empresarios forestales. Tal como ASAJA denunció tras conocer las bases, la redacción de un plan técnico de ordenación forestal es costosa, compleja y no está al alcance de las pequeñas y medianas explotaciones.
En las bases se obvia, por la vía de los hechos, la recomendación de la Comisión Europea de permitir que los trabajos se aborden con el personal y los medios propios de la explotación, puesto que aunque en teoría se permite, de facto se desincentiva al establecer un sistema de doble baremo que fija tarifas hasta siete veces superiores si las actuaciones las desarrollan empresas externas, estableciendo así en el caso de algunos desbroces, un 
coste de 559,41 euros por hectárea si lo ejecuta un tercero, mientras que si ese mismo desbroce lo hace el propietario de la explotación con sus medios y sus trabajadores el coste estimado por la Administración se fija en 75,48 euros por hectárea, una cuantía que, por ser muy inferior a los costes reales de mercado, cierra la posibilidad de desarrollar estas labores con medios propios.
En tercer lugar la orden de ayudas contraviene la pregonada simplificación administrativa de la que ha hecho bandera el ejecutivo andaluz, pues el programa informático que se habilita para solicitar las ayudas constituye un auténtico despropósito. Se trata de una aplicación obsoleta, que no ha sido previamente testada y que se apoya en una cartografía desactualizada.
Por todos los flecos y todos los huecos que deja esta orden se escapa la única posibilidad para financiar los costosos trabajos forestales que permiten prevenir los incendios forestales en los montes andaluces, ante el ciclo de sequía que se está sufriendo.