Representantes de los sectores agrario y ganadero han descrito este miércoles ante el Congreso de los Diputados algunas de las dificultades que encuentran en la negociación de los precios de compra y venta de sus productos y más para fijar un precio sobre coste.

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso ha escuchado por segundo día consecutivo las opiniones del sector agroalimentario, en relación con el último proyecto de ley de reforma de la ley de la cadena alimentaria para valorar el poder fijar un precio sobre coste de producción.

En su comparecencia, el presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), Luis Calabozo, ha pedido que la reforma establezca unos requisitos de contratación entre industria y distribución como los que se exigen entre el sector ganadero y la industria.

Para Calabozo, la ley de la cadena de 2013 fue «insuficiente» debido a la «asimetría» en las relaciones contractuales de unos eslabones con otros, lo que lleva en ocasiones a perpetuar una «precariedad» que es «decidida al final de la cadena».

En su opinión, resulta difícil fijar precios que cubran los costes efectivos de producción porque la leche se obtiene «todos los días, luego las condiciones de producción varían».

Calabozo ha solicitado un sistema alternativo que garantice la cobertura de los costes fijándose en el medio plazo, a lo largo de la actividad de un contrato o durante un ciclo económico.

LAMENTAN LOS «PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN» SOBRE CUÁLES SON LOS COSTES EFECTIVOS DE PRODUCCIÓN Y HA RECLAMADO ÍNDICES DE REFERENCIA PARA SU CÁLCULO

En cuanto al aceite, el responsable del sector en Cooperativas Agro-alimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, ha reconocido que han vendido en estos últimos meses el producto por debajo de su coste de producción.

Pese a que la modificación de la ley de la cadena en febrero de 2020 prohíbe la venta a pérdidas, las cooperativas consideran esa práctica «incumplible» y ven complicado que se impongan sanciones a los compradores al existir un contrato.

«Después de que entrara en vigor (la norma), los compradores de aceite obligaron a firmar un contrato en el que se decía que el precio pactado cubría los costes de producción», ha destacado Sánchez de Puerta, quien ha recordado que en la pasada campaña «el precio del aceite estuvo en general muy por debajo de los costes», por lo que solo había posibilidad de «dejar de vender» o firmar.

El también director de Dcoop ha recalcado que existe una disparidad total entre los costes que soportan los olivareros en función de las características de su explotación.

La Comisión de Agricultura también ha dado voz a otros productores de distintas regiones, como el director general de la Cooperativa Plana de Vic (Cataluña), Daniel Bassas, quien se ha referido a los «problemas de interpretación» sobre cuáles son los costes efectivos de producción y ha reclamado índices de referencia para su cálculo.

El director general del Clúster de Alimentación de Euskadi, Jon Ander Egaña, ha considerado necesario flexibilizar las actuales condiciones contractuales que fija la norma para circunstancias de mercado puntuales, un asunto que resulta en cualquier caso «complejo» si se pretenden evitar las prácticas desleales.

Juan Francisco Chamorro, representante de la Asociación del Sector Primario Extremeño (Aseprex), ha exigido que los contratos se firmen al inicio de las campañas, aunque luego haya margen para renegociar ante imprevistos como epidemias o temporales, puesto que, si se espera a la recolección, los compradores pueden aprovecharse de que los productos perecederos se estropeen