Los agricultores y los Gobiernos de la Unión Europea (UE) tienen por delante muchos deberes legislativos y ambientales para 2022, el año de transición agrícola hacia la aplicación de la nueva Política Agrícola Común (PAC).

El año servirá para preparar la aplicación de una de las reformas agrícolas más ambiciosas de la historia comunitaria, que la UE culminó en 2021 y que entrará en vigor en 2023.

Además, se cumple el 60 aniversario de la PAC, en un contexto crítico mundial por la salida de la pandemia, el alza de precios de las materias primas y el cambio climático.

Estas son las claves de la futura PAC y de las tareas pendientes en esta transición agrícola hasta su puesta en marcha.

UNA PAC MÁS VERDE CON MÁS RESPONSABILIDAD NACIONAL

La principal novedad de la PAC es la responsabilidad que da a los Gobiernos en el reparto de las ayudas y en la gestión. También incrementan las medidas medioambientales, entre ellas la introducción de los ecoesquemas, que supone que un 25 % de las ayudas primen prácticas beneficiosas para el medio ambiente.

La PAC afecta a diez millones de empresas agrícolas de la UE y contará con 386.000 millones de euros, 47.724 millones para España. Unos 664.000 agricultores españoles solicitaron en 2021 pagos directos (excluye desarrollo rural).

EL PLAN ESPAÑOL

España presentó a la Comisión Europea (CE) su  Plan Estratégico inicial para la nueva PAC a finales de diciembre. El Gobierno prevé enviar un texto definitivo con posibles ajustes tras las observaciones recogidas en la consulta pública y la evaluación ambiental, junto con las eventuales alegaciones de Bruselas.

De los fondos para España, 4.800 millones se destinarán cada año a ayudas directas; 700 millones a medidas de mercado y 1.700 millones al desarrollo rural.

El plan incluye ayudas asociadas a la producción para los sectores en dificultad, valoradas en 700 millones, para remolacha, arroz o uva pasa; según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los ganaderos serán los primeros en recibirlas, en particular los de producción extensiva, y se incrementarán los fondos para el vacuno de leche y el caprino.

Habrá más ayudas a los jóvenes y se introducirá una prima del 15 % para las mujeres que se incorporen a la actividad, así como intervenciones sectoriales por 612 millones, con programas para frutas, hortalizas, vino, apicultura y olivar extensivo.

DICTAMEN DE LA CE

La CE ha recibido una veintena de planes estratégicos nacionales (entre ellos el español) y los evaluará en el primer semestre.

En marzo o abril, Bruselas remitirá a los países sus primeros dictámenes con propuestas para que hagan cambios acordes con los objetivos del Pacto Verde europeo y facilitar así esta transición agrícola.

CONVERGENCIA ENTRE REGIONES

El campo será regulado en 2022 por la reglamentación transitoria de la PAC hasta que entre en vigor la reforma.

El real decreto español sobre las condiciones de las ayudas aplica ya la llamada “convergencia” entre las regiones, es decir, la aproximación entre los distintos importes de los derechos de pago que tiene cada agricultor para acercarlos hacia un montante medio, y hacia el nuevo sistema.

NUEVA LEY ESPAÑOLA

El Gobierno español ha presentado una ley para implantar un nuevo sistema de gestión de la PAC que haga «más eficiente» su aplicación.

Afecta a las penalizaciones y sanciones si los beneficiarios no cumplen las condiciones para acceder a las ayudas y en otras materias relacionadas con esta política.

Además, el Gobierno prevé aprobar 17 decretos para desarrollar el nuevo régimen de la PAC.

OPINIÓN DE LOS AGRICULTORES

El plan estratégico «es el inicio del camino», según un documento de las Cooperativas Agroalimentarias España sobre la nueva PAC, quienes no obstante añaden que existe un margen muy reducido para cambios en esta transición agrícola.

Las cooperativas han recordado que entre las recomendaciones de la CE no tratadas en el plan estratégico nacional figura el cien por cien de cobertura de banda ancha en las zonas rurales, que «vendría integrado» dentro de la Agenda Digital española 2025.

Las organizaciones del sector agrario han mostrado su preocupación por el incremento de costes que supondrá el nuevo enfoque verde y en las movilizaciones programadas para 2022 pedirán una PAC más justa.

(Texto: Mercedes Salas / Efeagro)

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