Fernando Fernández / Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural

Cuando el martes leí la primera noticia sobre las declaraciones del ministro Garzón reconozco que me sorprendieron y me preocupé, pero nunca me imaginé que la cuestión llegara tan lejos. En una esfera pública tan ruidosa como la que tenemos, cada vez es más difícil expresar ideas de forma serena buscando el acercamiento y no la confrontación. Quiero empezar diciendo que el ministro Garzón no va a dimitir. Creo que no debe dimitir. De hecho, me atrevo a decir que tal y como avanza el debate, el propio Pedro Sánchez no podrá dejar caer a Garzón. Sin embargo, mi preocupación va en aumento.

En primer lugar me preocupa sobremanera que el asunto derive en un retroceso sobre el amplio consenso que se ha fraguado en el medio rural respecto al modelo de “las macrogranjas” y sus impactos sociales, económicos y ambientales. El modelo conocido como “macrogranja” no existe técnicamente, pero todos podemos imaginarnos a lo que nos referimos.  Adquirió su máxima expresión gráfica con el proyecto de instalar una macrogranja de más de 23.000 vacas lecheras en el municipio soriano de Noviercas. Un proyecto que por los datos disponibles podría suponer la desaparición de unas 750 explotaciones lecheras familiares y que además tendría un innegable impacto ambiental. Recuerdo también que fue la COAG la que asumió desde el principio y con mucha valentía una posición claramente beligerante, y también recuerdo que Podemos e Izquierda Unida no tuvieron la menor duda de que el proyecto era negativo para el futuro de esta provincia tan abandonada. Con el tiempo se fueron sumando apoyos de todos los sectores y por dar un dato, hoy son tres de las cuatro organizaciones agrarias representativas de Castilla y León y sus estructuras nacionales, las que se posicionan en contra. Pero desde mucho antes y hasta ahora, el modelo de macrogranja se ha extendido a todos los sectores ganaderos, adquiriendo especial relevancia en el sector del porcino de capa blanca bajo la forma de integración, que animado por la demanda china de carne de cerdo ha derivado en lo que se conoce como “la burbuja del porcino”.

El rechazo social en las comarcas rurales más afectadas es un hecho incontestable y ha cristalizado en un centenar de plataformas ciudadanas que reclaman otro futuro para la “España Vaciada” a la que pertenezco. Tanto COAG, UPA, como Unión de Uniones, han expresado claramente su oposición al modelo, y han pedido al Ministerio y a sus respectivas Comunidades Autónomas limitar el tamaño de las granjas y la densidad de las mismas en un territorio. Conociendo como conozco a estas organizaciones, estoy seguro que no han abandonado su postura, y que por lo tanto, su actitud esta semana en relación al ministro no deriva de este asunto como algunos medios y sectores interesados han querido transmitir. En relación a la cuarta organización agraria que nunca se posicionó en contra de las macrogranjas de forma general, tengo que decir que mi respeto hacia ella es absoluto, y por mi experiencia en estos dos años y medio de legislatura, seguro que tendríamos espacio para ponernos de acuerdo en cuestiones básicas.

En este mismo punto hay que recordar que cuatro Comunidades Autónomas; Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña y Navarra han aprobado en los últimos tiempos moratorias y normativas que limitan su tamaño. Pero además, hay que decir que el Ministerio de Agricultura que encabeza el Sr Planas, está haciendo su trabajo y ha impulsado la revisión de los decretos de ordenación de los sectores avícola porcino, vacuno de carne y vacuno de leche, estableciendo un límite máximo al tamaño de las granjas. Es decir, se está avanzando y se hace con un alto grado de consenso. Todo este consenso es muy valioso y debemos preservarlo para que se consolide y alguien debería pensar si lo enconado del debate de esta semana ayuda en algo.

En segundo lugar, me preocupa mucho no, muchísimo, que en el debate grueso acabemos equiparando de forma irresponsable la ganadería intensiva a macrogranjas. Estoy seguro que hay sectores de opinión interesados en que esto ocurra y tenemos que tener mucho cuidado en no caer en las simplificaciones. Los modelos de ganadería extensiva, semiextensiva, mixta o intensiva existen porque son diferentes. Cada ganadero o ganadera, lógicamente, saben en qué modelo se encuentra, y también saben hacia dónde quieren o puede evolucionar de acuerdo a sus circunstancias. La sociedad tenemos que saber que una gran cantidad de explotaciones ganaderas familiares en todos los sectores son intensivas y no podemos generar la duda de que estas granjas cumplen con toda la normativa ambiental y de bienestar animal que es obligatoria. No podemos sembrar la duda, y mucho menos en el exterior, de que los controles de la administración no se realicen como tocan y que la seguridad y calidad de los alimentos no esté garantizada.

Pero en todo caso, también existe un consenso amplísimo de las bondades sociales y ambientales de la ganadería extensiva y sin criminalizar a nadie; las organizaciones agrarias, las entidades sociales, los gobiernos autonómicos y el propio Ministerio, vamos dando pasos decididos para favorecer este modelo. Por lo tanto, no entiendo en que ayuda a la realidad confrontar sobre lo obvio.

En tercer lugar, también me preocupa que se califique a todo un sector económico y productivo tan importante como el de la carne, simplemente como el “lobby de la carne”. Hay que cuidar las expresiones. El sector cárnico los forma 900.000 explotaciones ganaderas, más de 3.000 industrias agroalimentarias, 97.000 empleos directos y representa más de 12.200 millones de euros anuales de exportación. Dentro del sector encontramos todo tipo de productos y empresas. Algunos de ellos emblemáticos de nuestra cultura gastronómica como el chorizo de Cantimpalo, la morcilla de Burgos, el jamón de Jabugo, o la sobrasada de Mallorca con las 17 industrias elaboradoras que integran su IGP. El sector, como todos, trata de proteger sus intereses, pero no podemos pensar que sus intereses son totalmente ajenos a los nuestros. Tenemos que pensar que es un sector muy profesional, que elabora productos de mucha calidad y al que lógicamente le preocupa la imagen que se pueda dar de ellos en los mercados exteriores donde colocan sus productos.

En cuarto lugar también me preocupa que al hilo de las declaraciones, el debate se lleve hacia posiciones que sobre la base de principios éticos respetables, cuestionan de forma general el consumo de carne. Tengamos cuidado y estemos alerta, porque en estos días, algunos actores y voceros han pretendido llevar el tema hacia estos derroteros, cargando la culpabilidad de todos los males ambientales sobre un sector ganadero que está teniendo muy difícil dejarse oír. Sin embargo, lo anterior no es óbice para que olvidemos los informes de las autoridades sanitarias internacionales y organismos especializados en nutrición que llaman la atención sobre los problemas derivados de una dieta desequilibrada y sobre los malos hábitos alimentarios, y que señalan entre otras causas, al exceso de consumo de carne, sobre todo procesada. Es evidente que este asunto tiene derivadas de muy diverso tipo en la que deberíamos actuar con más pedagogía que confrontación.

En quinto y último lugar. Hace ya seis años empecé a escribir alertando sobre una clara estrategia de VOX por apropiarse de la frustración y la sensación de abandono e incomprensión del mundo rural y del sector primario. Este mensaje ha ido calando y al igual que la Alianza Nacional lo consiguió en Francia, el proceso de “lepenización” del medio rural español es preocupante. Esta semana asistimos a un nuevo intento de los mismos sectores políticos, acompañados de un Partido Popular que ha optado por generar una alarma social estridente, por desprestigiar de forma constante al gobierno de coalición y por señalar como víctima de su política a todo el sector agrario y ganadero de España cuando esto no es así. Puede sorprender, pero como persona de izquierdas, vuelvo a echar de menos una derecha democrática sensata y dialogante. Como persona de izquierdas, me preocupa la torpeza con la que seguimos interpretando como abordar estas situaciones en el medio rural. Mi preocupación está en el impacto que habrá tenido este episodio en los pueblos de mi comarca castellano leonesa que se enfrenta en un mes a una nueva cita electoral. Mi deseo basado en la experiencia está en ser capaces de plantear alternativas y definir políticas públicas progresistas con y para el campo desde la concertación, el respeto y el diálogo.  Mi experiencia es que es posible.