Alfonso Gálvez Caravaca / Secretario General de ASAJA Región de Murcia

Con la reciente entrada en vigor del Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, relativo al Salario mínimo Interprofesional, que aún siendo justo y necesario, su aprobación se ha producido prescindiendo de los acuerdos emanados del diálogo social entre patronal y sindicatos, que establecía subidas paulatinas, a lo largo de varios años y que se hacía asumible por los distintos sectores económicos y en especial, para el Sector Agrario.

Está bien que se garantice un salario mínimo a los trabajadores, acorde con las circunstancias económicas y el incremento del coste de la vida, pero es preciso, que el incremento de los costes salariales que suponen para el empresario, lleguen en el momento adecuado y que ese sobrecoste se pueda repercutir en el precio del bien o servicio objeto de la actividad de la empresa.

Todo esto, que parece lógico, no se está dando en el sector agroalimentario. Venimos asistiendo a una depreciación progresiva del valor de los productos agrarios, en cuanto al precio en origen que deben cobrar los agricultores. Las últimas campañas de cítricos, con ruina para la naranja y bajos precios del limón, los bajos precios de la fruta de hueso, el hundimiento del precio de las aceituna, sin olvidarnos  del precio de los cereales que cotizan con valores de hace 30 años y muchos otros productos agrarios por debajo del límite de la rentabilidad.

Son diversos los factores que están provocando las crisis de precios, que están pasando de ser meramente coyunturales, a un problema claramente estructural, sin que los mecanismos de regulación del mercado actuales, den soluciones a este grave problema, que acelera el abandono de la actividad, la ruina de miles de agricultores y que nos lleva al despoblamiento, del que están tan preocupados, últimamente, los políticos. Esta situación a la que hemos llegado, se veía venir y  a pesar de advertirlo desde las organizaciones del sector, no se han tomado medidas eficaces y coordinadas desde las administraciones públicas, en especial la europea. Es ésta, la Comisión Europea, la que matiza, limita, veta e impide muchas propuestas del Parlamento Europeo para garantizar la soberanía alimentaria de Europa, un renta digna para los agricultores europeos y unos alimentos seguros y de calidad a los ciudadanos . Es decir, cumplir con los principios inspiradores de la Comunidad Económica Europea y la Política Agrícola Común. Esto principios han sido olvidados y superados por la nueva política liberal de la Unión Europea, basada en una próspera globalización económica. ¿Próspera para quién ? Para aquéllos grupos económicos que dominan el comercio mundial y que susurran a los comisarios europeos, qué acuerdos de asociación comercial les son más beneficiosos, aún a costa de sacrificar sectores económicos europeos como el agrario, pero que le van a reportar grandes beneficios. Ya no les preocupa tanto el medio ambiente, la explotación laboral, la salud de los consumidores europeos o la soberanía alimentaria de Europa, al permitir la entrada de productos de países terceros.

Tengamos en cuenta que la producción agrícola y ganadera que se abandone en España y Europa, difícilmente se recuperará y la dependencia de productos de fuera, en pocas décadas, será total. Algunos habrán conseguido su objetivo, un gran negocio de compra venta a escala mundial de alimentos baratos y variados para los consumidores europeos, pero un medio rural abandonado, sin empleo, sin vida, sin futuro.

En esta nueva legislatura que empieza ahora, tanto en el Parlamento de España como en el de la Unión Europea, es el momento, en que los diputados de uno y otro, se planteen seriamente el destino  del sector agrario español y europeo. Es preciso y urgente que se aprueben leyes que garanticen precios mínimos para los agricultores, que contemplen los costes de producción reales y una justa retribución del trabajo del agricultor y el ganadero ( SU SALARIO MÍNIMO ). Francia ya cuenta con la Ley para la Agricultura y la Alimentación  destinada a mejorar el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrícola y alimentario y garantizar la soberanía alimentaria francesa con la preservación de la capacidad de producción agrícola y la remuneración justa de los agricultores y así como, fortalecer la calidad sanitaria, ambiental y nutricional de los productos para una dieta sana, de calidad y sostenible y para reducir las desigualdades sociales.

Prevé que el proceso de construcción del precio pagado a los agricultores se invierta y que el mismo dependa de los costes de producción de los productores, de forma que el contrato y el precio asociado serán ofrecidos por el productor. Una Ley que obliga al etiquetado del origen de los productos agrarios y que prohíbe y sanciona las prácticas comerciales abusivas y la venta a pérdidas.

La fijación de los precios agrarios viene marcada por la Ley del mercado pero hay que insistir que en el caso de los productos alimentarios, muchos de ellos, de primera necesidad o consumo diario, está en juego la garantía de su suministro estable, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, pero especialmente, desde el punto de vista de los agricultores y ganaderos, la continuidad de su actividad, millones de puestos de trabajo y del mantenimiento del medio rural en toda Europa. El precio de los productos agrarios debería establecerse, además de contando con los costes reales de producción, con un porcentaje establecido una vez calculado el precio medio de venta al público, fijando porcentajes para vendedor final, distribuidor, transformador-proveedor y agricultor o ganadero. Cada eslabón de la cadena de comercio alimentario cobraría en función de sus costes y su aportación real para la puesta del producto en el mercado.

Considero que todas estas reflexiones y conclusiones tienen el peso suficiente para que se impulsen  y aprueben las leyes necesarias para avanzar y mejorar las condiciones de vida y trabajo de los profesionales del Sector Agrario, porque ellos también tienen derecho a un Salario Mínimo Profesional.