Ya ha habido fumata blanca, como diría una dirigente comunitario, pero eso no quiere decir que sepamos qué Papa (o que PAC, en el lenguaje agrario) vamos a tener para los próximos años. Y es que ha habido un acuerdo político, se han cerrado las bases de la reforma, se saben las líneas maestras, se conoce quienes van a ser los más perjudicados (como el tabaco, el algodón o la leche) e incluso se ha podido respirar con cierta tranquilidad al saber que el greening será a nivel nacional y no de explotaciones, lo que dará un respiro a muchos sectores como el aceite, el viñedo, etc… Por saber se supone que se sabe que va a venir entre 45.000 y 50.000 millones de euros para España. Pero en realidad no se sabe nada.
Y es que aún faltan que se aprueben los Presupuestos comunitarios para dar por cerrada oficialmente la negociación y, lo que es peor, aún falta por determinar esos ‘recortes’ o ‘ajustes’ de última hora que se acabarán incluyendo, porque siempre se incluyen a poder ser con nocturnidad y alevosía, que volverán a recortar en unos cuantos miles de millones el dinero que acabaremos recibiendo finalmente.
Pero como buenos españoles, sin saber nada, todos hablamos de todo, el que suscribe incluido. Y uno empieza a analizar las primeras valoraciones y sólo saca una conclusión: hemos salido mejor de lo esperado, pero no se ha solucionado ningún problema de los que estaban sobre la mesa. Y esto va a ser un marrón pero de los gordos y para todos.
Para las organizaciones agrarias porque mientras a nivel nacional se hace un balance más o menos comedido (en realidad realista sobre lo que saben que podría haber ocurrido) a nivel regional o provincial cada cual va por libre y reclaman las ayudas a ‘sus’ cultivos, ‘su’ ganadería, ‘su’ desarrollo rural, ‘su’… Y a nivel autonómico, ni les cuento. ¿Qué va a pasar con esos acuerdos parlamentarios de mínimos que ahora todo el mundo sabe que no se van a cubrir? ¿Cómo se va a explicar que lo que hace unos días era irrenunciable ahora es un objetivo a negociar en el acuerdo ‘hispano-español’? ¿Cómo se va a justificar por motivos políticos que el Gobierno lo ha hecho bien cuando se va a perder ese dinero que ya estaba prometido? (Por cierto, la única consejera que no ha hablado del tema es la de Castilla y León, buen síntoma de que sus relaciones con el ministro sigue por el ‘buen camino’… del enfrentamiento).
Y en medio de este caos está Miguel Arias Cañete, consciente de que ha sacado (aún contando con todo lo que le va a recortar todavía) lo máximo que se podía lograr (qué bueno es tener un ministro que sí sabe a lo que se dedica a la hora de negociar algo), pero que tiene muy claro que este dinero "no pertenecen a las comunidades autónomas, corresponden a los agricultores y ganaderos" y que sus planes pasan por una aplicación nacional de la PAC y que el Gobierno "ejercerá" sus competencias para la planificación regional de este modelo.
Es decir, que nada de ponerse a hacer cuentas por cada autonomía de a ver cuánto me toca, sino que será él el que decida a dónde va el dinero. Y eso sí que es un marrón, para Miguel Arias, para las autonomías y para las organizaciones agrarias. Y lo peor para las dos últimas partes, es que el ministro tiene muy claro qué quiere hacer y no pasa por contentar a todos… porque no hay para todos.