EFE.- La organización ha evaluado el trabajo de las 17 comunidades autónomas sobre este tema y destaca en nota de prensa que CCAA como Aragón, Asturias, Navarra o Madrid no han dictado ninguna sanción administrativa.
Solo Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña están aplicando este tipo de medidas legales, según la organización ecologista.
En toda España, desde 2004, WWF ha podido conocer cerca de cincuenta condenas por delitos de uso de cebos envenenados.
Además, las administraciones ambientales han llevado a cabo, en distintas comunidades autónomas, un número mayor de suspensiones de la actividad cinegética, sanciones de multa y otras medidas administrativas recogidas en la normativa de caza o de conservación de la naturaleza.
En conjunto superan el centenar las sanciones o resoluciones adoptadas.
Destaca la provincia de Lérida con nueve sentencias condenatorias por veneno, catorce personas condenadas y diez cotos de caza cerrados por esta causa, gracias al eficaz trabajo del grupo especializado en investigación en furtivismo y venenos del cuerpo de agentes rurales de esta provincia.
Si bien, y de acuerdo con WWF, el número de sentencias va aumentando progresivamente, gracias en buena parte al impulso que ha supuesto la reciente creación de las fiscalías de medio ambiente, sigue siendo insuficiente para disuadir de esta práctica ilegal.
Para el responsable del Programa de Biodiversidad terrestre de WWF España, Luis Suárez, es necesaria "más eficacia en la persecución legal de estas conductas por las administraciones ambientales, ya que la vía administrativa es más ágil y operativa que la vía penal. Gran parte de casos podrían terminar con una sanción administrativa si existe voluntad para ello".