Las organizaciones agrarias ASAJA Salamanca, COAG y UPA han expresado su más rotunda indignación ante «las desorbitadas multas impuestas a agricultores y ganaderos por ejercer su derecho a manifestarse». Las sanciones desproporcionadas, que ascienden a 600 euros por una manifestación autorizada el pasado 8 de febrero y 10.401 euros por una protesta frente a la sede de la Junta de Castilla y León también autorizada hace casi un año, han generado una profunda preocupación en el sector.
El pasado 8 de febrero, agricultores y ganaderos se congregaron en una tractorada para expresar sus legítimas reivindicaciones, pero, sin embargo, la Subdelegación del Gobierno en Salamanca ha respondido con multas de 600 euros a muchos de los participantes, una medida que Asaja, UPA y COAG consideran «completamente injusta y desproporcionada».
La situación se agrava con las sanciones desproporcionadas impuestas tras la manifestación de hace un año frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Las multas, que en este caso alcanzan los 10.401 euros, se suman a la imputación penal de nueve ganaderos. Las organizaciones agrarias denuncian que estas medidas «son un intento claro de coartar el derecho a protestar de un sector ya de por sí castigado y vilipendiado».
“EN CATALUÑA SE PERDONA A QUIENES ACTUARON CON VIOLENCIA Y FUERA DE LA LEY, EN CASTILLA Y LEÓN SE CASTIGA DESPROPORCIONADAMENTE A QUIENES DEFIENDEN SU DERECHO A TRABAJAR”
ASAJA, COAG y UPA quieren señalar el agravio comparativo con lo sucedido en Cataluña durante el referéndum ilegal y las posteriores manifestaciones donde se vivieron escenas de extrema violencia y se reivindicaban acciones ilegales y poco éticas.
A pesar de la gravedad de estos hechos, muchos de los implicados van a ser amnistiados en nombre de la convivencia, aunque más bien parece una decisión de conveniencia. “Es inadmisible que mientras en Cataluña se perdona a quienes actuaron con violencia y fuera de la ley, en Castilla y León se castiga desproporcionadamente a quienes simplemente defienden su derecho a trabajar y a ser escuchados” señalan.
Los representantes de ASAJA, COAG y UPA han declarado que estas multas, especialmente las derivadas de la concentración de ganaderos ante la sede de la Junta del año pasado son «una absoluta barbaridad y una cifra totalmente desproporcionada». Añaden que «no se identificó a nadie en el momento de los hechos ni se tomó ningún tipo de declaración a los denunciados», lo que pone en cuestión la legalidad y legitimidad de las sanciones.
Las organizaciones están trabajando arduamente para recurrir estas denuncias dentro del plazo establecido y paliar las sanciones que podrían llevar a la ruina a muchos de los afectados. «Nuestra intención no era dañar a nadie ni causar ningún destrozo, únicamente queríamos ser escuchados por las administraciones», han afirmado.
ASAJA, COAG y UPA hacen un llamamiento a la Junta de Castilla y León y especialmente a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca para que contribuyan a revertir esta situación. «Muchos de los denunciados y los imputados, están sufriendo un gran daño moral y ahora también económico, podrían quebrar y ver sus explotaciones amenazadas por el simple hecho defender su trabajo y su modo de vida», advierten.