Una delegación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se ha reunido este martes 6 con agricultores de Soneja y Sot de Ferrer, en la comarca castellonense del Alto Palancia, para conocer sobre el terreno la grave situación que supone la prohibición total de derivar agua procedente del río a las acequias -adoptada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dentro de sus continuadas restricciones de riego en la Comunitat Valenciana- y reivindicar de manera conjunta a las administraciones «la puesta en marcha de medidas que incluyan un riego de emergencia con el que salvar los cultivos».
El vicepresidente de AVA-ASAJA, Celestino Recatalá, el secretario de AVA-ASAJA Castellón, Adrián Lobo, y la técnica del departamento de aguas, Rosa María Gómez, han recorrido campos de cítricos, caquis y nísperos que morirán en las próximas semanas si la Administración no establece las medidas solicitadas.
El presidente de la comunidad de regantes de Soneja, Pedro Marín, ha afirmado que «una cosa es restringir el riego y otra muy diferente es prohibir totalmente la toma del río. Hemos conocido dos veces que el río Palancia se ha llegado a secar, y entonces pudimos regar, y ahora que discurre agua por el río las nuevas normativas no nos dejan por el caudal ecológico fijado. Con poder regar cada veinte días, quizás perderíamos la cosecha de hortalizas y no lograríamos el calibre óptimo de las frutas, pero por lo menos salvaríamos parte de la cosecha y la vida de los árboles».
Coincidiendo con la visita, AVA-ASAJA ha concertado una reunión entre el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y las comunidades de regantes de Soneja y Sot de Ferrer con la finalidad de buscar una solución inmediata que permita evitar la pérdida de cosechas e incluso de las plantaciones.
RESTRICCIONES EN EL TÚRIA
AVA-ASAJA también rechaza las nuevas restricciones previstas, durante la Comisión de Desembalse extraordinaria de la CHJ, para el sistema Túria tras entrar en prealerta por sequía.
El presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado, ha reivindicado que «si hemos llegado a este extremo es porque la Administración no ha hecho los deberes. En lugar de restringir y prohibir, el Gobierno debería replantear su política hidrológica para garantizar un suministro suficiente de agua. En lugar de criminalizar los regadíos y derruir presas, el Gobierno debería mejorar y construir infraestructuras que almacenen y distribuyan el agua, reutilizar más aguas depuradas que actualmente se pierden en el mar, a través incluso de rebombeos con energía fotovoltaica, y revisar los caudales ecológicos».