La Unión de Uniones considera que los agricultores "conocen perfectamente las ventajas de la utilización de semilla certificada en cuanto a mejoras de rendimiento. No obstante, dado su elevado coste, dichas ventajas son bien distintas en función de la productividad de la zona de la que estamos hablando y, en cualquier caso, ante la situación de volatilidad o depresión de precios que atraviesan muchos sectores agrícolas, el potencial beneficio del aumento de rendimientos no está en absoluto asegurado. Si lo está, sin embargo, el de los obtentores que ya han vendido la semilla cara, antes de conocer cuál será la producción resultante y cómo se cotizará en el mercado", destacan en un comunicado.
La organización considera que, en general, los agricultores ya usan la semilla certificada cuando las cuentas de su explotación lo aconsejan y permiten, pero que el Gobierno debería también promover" otras alternativas igualmente válidas, que eviten situaciones de abuso derivadas de posiciones de casi monopolio".
Invertir en semillas autóctonas y explorar la vía de los bancos públicos de semillas
La Unión de Uniones "vería con satisfacción que el dinero que el Senado pide que el Gobierno utilice en campañas de imagen de dudosa efectividad se destine a la investigación en semillas autóctonas y a explorar la opción de los bancos públicos de semillas, en lugar de considerar como sospechosas, de no se sabe muy bien qué, a aquellas semillas que no procedan de la certificación de las multinacionales".
Por lo tanto, la organización considera que el mejor medio de fomentar el uso de semillas certificadas es el abaratamiento de su coste, "una política agrícola que coloque los precios a los productores a niveles remunerativos y la puesta en marcha de medidas por parte del Gobierno para facilitar la financiación al sector agrario para capital circulante".
La moción aprobada con los votos únicos del Grupo Popular en el Senado contempla que el Gobierno debe fomentar el uso de la semilla certificada, facilitar su acceso a los agricultores y llevar a cabo una campaña de imagen ante la sociedad sobre las ventajas de la certificación y los riegos de las semillas “clandestinas”. Por eso, y para acabar con la polémica, considera que la mejor forma de promocionar la semilla certificada "es rebajar su precio".
Sin embargo, La Unión admite que los trabajos de desarrollo que realizan los obtentores deben ser evidentemente gratificados, ""pero dicha gratificación no puede perpetuarse, siembra tras siembra, indefinidamente y, por otro lado, en muchos casos los precios de la semilla certificada deben ajustarse, porque se trata de variedades con una larga tradición de uso cuyos costes de investigación, en buena lógica, las empresas deben haber ya amortizado suficientemente".
Por último, la Unión de Uniones aprovecha para señalar al Senado y al Gobierno que "si bien todos los intereses legítimos deben ser amparados por los poderes públicos, habría que aquilatar el nivel de prioridades de los problemas y que resulta infinitamente más necesario dedicar medios materiales y personales en cuestiones como la lucha contra los robos en el medio rural y agrario, que a controlar e inspeccionar a los agricultores interrumpiendo las labores de siembra para garantizar que unas pocas multinacionales no se quedan sin cobrar sus royalties".