Los viticultores, durante estos años, han invertido "muchísimos" recursos económicos en la ampliación de sus explotaciones y en el pago de los impuestos afectos a estas compras, calculados sobre el importe por hectárea fijado por Hacienda, por lo que ha asegurado que, con el cambio de situación, muchas de estas inversiones no se podrán amortizar.
ARAG-Asaja ha precisado que, "dado que la pérdida del valor de los derechos ya parece un hecho", cuanto más se retrase la fecha de entrada en vigor, hasta 2030, menos perjuicio ocasionará a los viticultores y más margen de planificación tendrán para el desarrollo de su actividad