Desde la organización JARC, consideran que «es inaceptable que solo se pueda controlar la fauna si peligra la viabilidad futura de la explotación agraria”. Los Servicios Territoriales de Barcelona del DARP aclararon a la entidad agraria que la caza estaba permitida solo cuando “la gravedad de los daños comprometa la viabilidad futura de la explotación”.

Por eso, desde la organización catalana cren que «si el Departamento de Agricultura no rectifica y modifica los criterios para autorizar excepcionalmente la actividad cinegética como medida de control de fauna salvaje mientras dure el confinamiento, exigirán que la Administración compense directamente al agricultor con un complemento a la renta equivalente a las pérdidas de cosecha provocadas por la fauna.

A pesar de que en la misiva, Servicios Territoriales nombra ciertas excepciones (como los cultivos de cereales, que son “más delicados”, o pone el ejemplo del cultivo de la cereza a 7 municipios del Llobregat en los que se actuará para salvar la cosecha), el criterio general que establece el Departament d’Agricultura de que “comprometa futuras cosechas” deja la puerta abierta a la indefensión de los agricultores en la presente campaña. Bosch recuerda que estamos hablando de que los destrozos que provoca la fauna en la actual cosecha comprometen ya la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

«son animales territoriales que se están expandiendo y, si no los empiezan a parar, los daños se prolongarán durante mucho tiempo”

“Los agricultores hace años que sufren una crisis de precios”, añade el jefe sectorial, “además de sufrir las consecuencias de temporales e incendios, no tendríamos que añadir más daños por parte de la fauna salvaje de los habituales e inevitables, teniendo en cuenta que se puede controlar con la caza”.

Tanto Mauri Bosch como Lluís Viladrich, el otro jefe sectorial de Fauna Salvaje de JARC, aseguran que se puede practicar la actividad cinegética siguiendo las medidas sanitarias y de seguridad que siguen los trabajadores del sector agrario, y contribuir con la caza a mantener una actividad esencial y necesaria que es la agricultura.

Mauri Bosch explica el erróneo del planteamiento por parte de las administraciones, en cuanto al control de las especies salvajes que están destrozando los cultivos. Según el jefe sectorial, «no podemos tratar la fauna salvaje como una situación puntual y actuar solo en los escenarios donde producen los daños a los agricultores o ganaderos. Las condiciones impuestas por el confinamiento han propiciado una intensa proliferación y extensión de las áreas donde actúan estas especies». Cómo apunta Lluis Viladrich, “son animales territoriales que se están expandiendo y, si no los empiezan a parar, los daños se prolongarán durante mucho tiempo.”

El crecimiento incontrolado de fauna salvaje puede comportar también un riesgo sanitario, dado que pueden ser portadores de dolencias contagiosas. Los jabalíes, por ejemplo, representan una amenaza para la propagación de la peste porcina africana (PPA), que podría posar en riesgo las explotaciones porcinas, que tantos esfuerzos están realizando para cumplir las medidas de bioseguridad a las granjas.