La finca La Almoraima, que fue expropiada a Ruiz Mateos, ocupa el 85 por ciento del término municipal de Castellar, una localidad en la que el paro ha crecido en los últimos años al mismo ritmo en el que ha caído la demanda de trabajo en el sector de la construcción.
La finca, el mayor latifundio de Europa, según el alcalde, está dedicada ahora, además de a cacerías y monterías, a actividades de ganadería, agricultura y de turismo rural.
Pero el alcalde cree que se le podría sacar mucho más provecho diversificando sus usos, sobre todo en ámbitos como la agricultura ya que se explotan cultivos como el maíz o algodón que son "poco sociales" porque apenas crean empleo.
Por ello, el Ayuntamiento primero planteó al Estado crear allí "un polígono industrial verde", que podría albergar una planta de obtención de biomasa, una planta de reciclaje o una fábrica de transformación de productos de agricultura ecológica.
"La respuesta siempre ha sido negativa", dice el alcalde, que entiende que La Almoraima, "como empresa pública", tiene que tener entre sus objetivos la creación de empleo.
Después pidieron que cedieran al Ayuntamiento cien hectáreas de regadío para montar una cooperativa agrícola, pero tampoco fue aceptada esta propuesta.
Tampoco han tenido suerte, según el alcalde, cuando han pedido a La Almoraima cerca de 300 hectáreas forestales en desuso que rodean otra finca más pequeña, de 245 hectáreas, llamada Majarambú y que la Junta de Andalucía cedió al municipio después de paralizar su subasta.
Estos terrenos forestales en desuso de La Almoraima que están junto a esta finca servirían para "dar más empaque" al proyecto de "soberanía alimentaria" que el ayuntamiento quiere emprender en Majarambú.
El proyecto que los vecinos quieren instalar en este terreno es una respuesta al "modelo agroindustrial actual de grandes multinacionales que controlan desde las semillas a los pesticidas" y que, según explica el alcalde, ha conseguido empobrecer a los agricultores y perjudicado el medio ambiente.
Su proyecto pretende, sin embargo, "empoderar al agricultor" para que no sea el eslabón más débil de la cadena en un proceso que pretende que el cultivo no perjudique el medioambiente y que sea fuente de abastecimiento de un circuito que se base más en el comercio cercano que en la exportación.
Mientras el proyecto de Majarambú se perfila, los vecinos, según el alcalde, piensan seguir reclamando que La Almoraima diversifique sus usos y se convierta, como finca pública, en un motor para el empleo de esta localidad de 3.175 habitantes.