Según se indica en su comunicado, se da la circunstancia además de que a la Conselleria de Agricultura apenas le compete desembolsar al mes poco más de un 2% de esas ayudas, pues están cofinanciadas entre la Generalitat (2,43%), la Unión Europea (22,08% de los fondos FEDER) y el Gobierno central (75,49%). La cantidad mensual que se debe al total de los agricultores y ganaderos valencianos que cesan en la actividad es insignificante comparado con el presupuesto de Conselleria, "por lo que ya es algo más de prioridades que económico. Como ejemplo decir que hace sólo dos años era de 270.000 euros al mes, aunque ahora será sin duda inferior".
La Unió de Llauradors cree que “deben existir prioridades a la hora de afrontar los pagos y el cese anticipado es una de ellas sin lugar a dudas pues se debería poner en la piel de aquellos agricultores y ganaderos que perciben como único ingreso su paga del cese anticipado y no la cobran”.
Asimismo, señala que el retraso en el pago de esta ayuda es muy grave porque el cese anticipado es vital para mantener la actividad agraria en el campo valenciano con la incorporación de jóvenes que sustituyen a los que cesan. En este sentido dice que "si las Administraciones no apuestan con incentivos y con unos pagos ágiles de los mismos existe un grave riesgo para la continuidad del sector agrario".
Según sus dayos, eel grado de envejecimiento en el sector agrario valenciano "es bruta"l. Según los datos del censo agrario de 2009 del INE, los últimos existentes, el 43% de los titulares de explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana tienen más de 65 años, cifra que se eleva al 70% si se cuenta la franja de 55 a 64 años.