Según recuerdan las organizaciones agrarias, una denuncia de UPA-Andalucía por posible pacto de precios contra el sector desmotador y otra de Asaja-Sevilla contra el Gobierno y la Junta de Andalucía por "impedir" la libre competencia en el sector de la desmotación dieron pie a la investigación de la CNC, que no sólo ve indicios de pacto de precios, sino también de reparto del mercado y de obstaculizar el acceso de otros operadores.
Ahora, la CNC ha ampliado la incoación del expediente sancionador que mantenía abierto desde febrero de 2012, que extiende ahora a la Agrupación Española de Desmotadoras de Algodón (AEDA), la Asociación de Desmotadoras del Sur (Adesur), la empresa Complejo Agrícola (Comasa) y a su matriz Agrícola Conagralsa, por posibles prácticas restrictivas de la competencia.
Por tanto, tras esta ampliación, el expediente afecta, por distintos motivos, a Eurosemillas, Surcotton, Dafisa, Algosur, Indesa, Coalsa, Comasa-Agrícola Conagralsa, Algodonera Blanca Paloma, Aeda y Adesur.
UPA-A y Asaja-Sevilla han valorado el expediente de la CNC, pero desde Coag-A, su responsable sectorial, José Antonio García, ha disentido en declaraciones a Efeagro y ha afirmado que no detecta indicios de irregularidades en este sector.
García ha pedido al organismo regulador que se centre en perseguir las prácticas contra la competencia de otros sectores como el de la gran distribución, petróleo, gas o telefonía, entre otros.
El secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, ha indicado a Efeagro que "al final, la CNC nos da la razón", tras la denuncia interpuesta por esta organización en septiembre del 2011.
"Denunciamos por un supuesto delito de fijación de precios a los productores", pero la CNC la ha extendido por dos motivos más, el reparto de mercado del algodón bruto y el cierre del mercado a otras empresas desmotadores, presuntamente, en algunos casos, ha afirmado.
En su opinión, tienen totalmente "claro" que han fijado precios al agricultor, lo que muestran las liquidaciones casi idénticas a los algodoneros, y los indicios anticipan que el expediente acabará en sanciones importantes, quizás millonarias."Estas conductas han ocasionado graves perjuicios a los algodoneros", según Rodríguez, quien las calcula, sólo en la campaña 2010, en 35 millones de euros.
Ha recordado que algunas empresas desmotadoras ya recibieron en la década de los 90 sanciones del entonces Tribunal de la Competencia por pactar precios, y fue "un escándalo" por su elevada cuantía.
Ahora, si la CNC dictaminara que las actuaciones incurrieron en prácticas muy graves, podrían recibir multas de hasta el 5% de su facturación, lo que se traduciría en "duras" cifras, según Rodríguez, quien lamenta, no obstante, que estas empresas todavía habrán ganado más de lo que pagarán por posibles multas.
Desde Asaja Sevilla, Emilio Vieira ha subrayado que sólo a la compañía Blanca Paloma (Aznalcázar) se le atribuye por parte de la CNC una posible infracción por fijar precios pero que, a las demás, también se apuntan presuntas conductas anticompetitivas de reparto de mercado o de impedir el acceso a más operadores según el caso.
Vieira ha recordado que, en octubre de 2011, Asaja-Sevilla denunció al entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y a la Consejería andaluza de Agricultura y Pesca ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por impedir la apertura de nuevas desmotadoras.
Una normativa que establecía, a su juicio, condiciones restrictivas que, en la práctica, impedían que pudieran operar en el sector más compañías desmotadoras.
Las actuaciones de Asaja y UPA, según Vieira, han dado origen a este "macroexpediente" de Competencia que afecta a un sector que "se han repartido entre sólo cinco a seis empresas".
"La CNC se distingue por su dureza y su profesionalidad", han considerado desde Asaja-Sevilla, que recalca que si han visto indicios racionales de actividades sancionables, el expediente acabará en multas "gordas", de al menos cientos de miles de euros.
Hay operadores que pueden recibir hasta tres sanciones distintas, ha concluido Vieira, quien anticipa a Efeagro que Asaja-Sevilla se personará en el expediente sancionador de la CNC como parte perjudicada.
Historia de un largo expediente
Las actuaciones comenzaron el 24 de febrero de 2012, cuando la Dirección de Investigación de la CNC incoó el expediente sancionador S/0378/11 contra Algodonera del Sur (Algosur), Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas (Dafisa), Eurosemillas, Industria desmotadora andaluza (Indesa) y Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía (Coalsa).
En estos casos detectó posibles prácticas restrictivas de la competencia que consistirían en la "adopción de acuerdos tendentes a fijar los precios pagados a los productores de algodón".
Más tarde, el 30 de julio de 2012, la CNC acordó ampliar la incoación del expediente contra las empresas desmotadoras Surcotton y Algodonera Blanca Paloma porque "podría deducirse la existencia de indicios racionales" de la comisión de una infracción del artículo 1 LDC consistente en la adopción de acuerdos tendentes a fijar los precios pagados a los productores de algodón.
Ahora, en concreto, el pasado 25 de febrero, tras analizar la documentación obtenida durante la instrucción del mismo, la CNC acordó ampliar la incoación del expediente contra AEDA.
Asimismo, amplían la incoación del expediente S/0378/11 por una posible conducta anticompetitiva consistente en un acuerdo de reparto de mercado de algodón bruto contra las empresas Eurosemillas, Surcotton, Dafisa, Algosur, Indesa y Coalsa por presuntas conductas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).
"Existen indicios racionales de la comisión de una posible conducta anticompetitiva consistente en el cierre de mercado a otras empresas desmotadoras de algodón por parte de Eurosemillas, Surcotton, Dafisa, Algosur, Indesa, Coalsa, Comasa-Agrícola Conagralsa, Aeda y Adesur, ha puntualizado la CNC.
La ampliación de la incoación no prejuzga el resultado final de la investigación, manteniéndose vigente el período máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente por la CNC.