La organización agraria UPA ha considerado «muy negativa» para el sector agroganadero la nueva Ley de Caza que impulsa la Junta de Castilla y León debido a la atribución de la responsabilidad en los daños provocados por las especies de fauna salvaje.

Al respecto, el secretario general de UPA de Zamora y máximo responsable autonómico de esta organización agraria en Castilla y León, Aurelio González, ha hecho alusión en un comunicado al artículo once de la denominada Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.

Ese artículo relativo a la atribución de la responsabilidad de los daños de las especies supone «suficiente argumento» para que la normativa sea calificada como «muy gravosa para los agricultores y ganaderos».

en terrenos vedados en los que no existe coto o reserva de caza los daños serán responsabilidad del propietario del terreno

Ha explicado que el artículo recoge que la responsabilidad de los daños se determinará conforme a la legislación estatal, lo que significa que en terrenos vedados en los que no existe coto o reserva de caza los daños serán responsabilidad del propietario del terreno, excepto cuando sea por culpa o negligencia del perjudicado.

En cambio, el titular elude la atribución de la responsabilidad en los terrenos que tienen un plan cinegético y una actividad de caza que se ajusta a ese plan y cumple los requisitos administrativos y de buenas prácticas establecidos por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, según UPA CyL.

Ha argumentado que de esa forma los agricultores y ganaderos, cuando son los perjudicados se quedan sin poder reclamar a nadie en los terrenos vedados, mientras que los daños agrarios o ganaderos tampoco podrán reclamarlos en sus propios terrenos.

Por ello, la organización agraria ha anunciado que presentará alegaciones a la normativa y realizará las acciones necesarias para que sea la Administración autonómica la responsable directa de los daños.

Ha recordado que es el Gobierno regional el que legisla y regula lo que se puede o no se puede cazar, en que fechas y en qué condiciones y el que regula una actividad para garantizar que las especies de fauna salvaje mantengan unas poblaciones en estado de expansión, como reconoce la normativa.

Por ello, ha calificado de «irresponsable» que la Junta de Castilla y León no asuma la propuesta de UPA de que la Administración abone los daños a los ganaderos por ataques de buitres, como ya hacen en otras comunidades autónomas vecinas.

Tampoco asumirá los daños del lobo al norte del río Duero ni obliga a los titulares de infraestructuras viarias a controlar la plaga de conejos.

Además, según UPA, no hace un control poblacional de ciervos, corzos y jabalíes para evitar daños directos y accidentes de tráfico, con el agravante de que estos se han duplicado en cinco años en Castilla y León, al pasar de 4.546 accidentes en 2014 a 9.341 en 2019.

En esta misma línea, la organización profesional agraria Asaja ha abogado, por medio de un comunicado, por reducir al cincuenta por ciento los censos de caza mayor en la Comunidad, para volver a las poblaciones de finales de los años noventa, que eran «sostenibles y no provocaban tantos daños ni personales ni económicos», ha subrayado el presidente de esta OPA, Donaciano Dujo.