La organización cree que la citada ley "se olvida intencionadamente del concepto de precios justos, sin hacer mención alguna a la limitación de comprar por debajo de los costes de producción de los agricultores, ejerciendo la posición de dominio que se tiene en la cadena alimentaria. O la vergonzante actitud del legislador ante la situación de ‘venta a pérdidas’ de los productos agroalimentarios por parte de las empresas de distribución".
Con esto, critican además que el proyecto establece un régimen sancionador "que incentiva el incumplimiento de la ley, siendo muchos más los beneficios que obtiene el infractor al conculcar la norma que la sanción que se le puede imponer".
Asimismo, consideran que la "ambigüedad" de la norma "se evidencia también" en la regulación de los mecanismos de resolución de conflictos, puesto que "evitan establecer un sistema de mediación y arbitraje de naturaleza preferente y obligatorio" y se remite "a un futuro Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria de adhesión voluntaria e incierta por parte de los operadores.
Ante esta situación, Iglesias ha confiado en que la próxima visita del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Ángel Arias Cañete, sea "para decir que va a haber rebaja fiscal" a los agricultores cuyas producciones se han visto mermadas por fenómenos meteorológicos. No obstante, la responsable provincial de UPA ha señalado que el próximo día 11 tendrá una reunión con el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando.