La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) defiende criterios «más justos y sociales» a la hora de repartir las autorizaciones de plantaciones de nuevos viñedos para 2017, así como incluir apoyos en el sistema, próximamente, para que las explotaciones de menor tamaño puedan ganar dimensión.
Así lo ha explicado a Efeagro el responsable del sector vitivinícola de UPA, José Manuel Delgado, quien ha insistido en su críticas sobre los criterios de asignación que se han realizado en 2016 porque, a su juicio, se ha confirmado en regiones como La Rioja que hubo muchos aspirantes «que es dudoso que sean viticultores».
Pide modficar el Decreto sobre potencial vitícola, para incluir en la asignación a los nuevos solicitantes
Delgado ha pedido que el nuevo sistema -que sustituye al antiguo régimen de derechos de plantación en la Unión Europea (UE)- sea más exigente e incluya criterios de profesionalización -dedicación, formación de los aspirantes, adscripción a la Seguridad Social…- y, en general, que se planteen requisitos similares a los exigidos a los nuevos agricultores que quieren incorporarse a la actividad con nuevos viñedos.
UPA reclama también que se modifique cuando sea posible el Decreto sobre potencial vitícola, para incluir en los criterios de asignación a los nuevos solicitantes el apoyo a pequeñas explotaciones de forma que se gane dimensión y sea un sistema «más justo y social».
El lunes, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) publicó en el BOE la Resolución que fija en el 0,52 % el porcentaje de superficie nacional de nuevos viñedos a 31 de julio de 2016 que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones en 2017, unas 4.989 hectáreas.
Delgado ha recordado que UPA siempre defendió que las autorizaciones de nuevas plantaciones fueran lo más próximas al cero por ciento durante los primeros años de aplicación de este sistema, al menos, aunque la UE permite crecer hasta un máximo del 1 % respecto a la superficie nacional a 31 de julio del año anterior.
Ha argumentado en este sentido en que hay muchos «derechos de plantación en papel» pendientes de ejecutar en los próximos años, en un país que ya ronda el millón de hectáreas de viñedos y en el que los precios de la uva son bajos, por lo que en su opinión deberían evitarse distorsiones de mercado derivadas de un incremento de las superficies desmedido.
En el seno de la Interprofesional del Vino de España, se consensuó una postura del sector, tenida en cuenta por el Ministerio para fijar el aumento máximo del 0,52% para 2017, ha resaltado.