UPA ha solicitado también medidas de carácter fiscal y relativas al coste de la Seguridad Social, así como otras de carácter administrativo dirigidas a evitar, ante la situación excepcional de sequía, penalizaciones o incluso la pérdida de ayudas del régimen de pagos directos, que en los sectores afectados representan un significativo porcentaje de los ingresos de los agricultores.
UPA exige que la Consejería de Agricultura asuma los planteamientos realizados por el sector y le urge a que tome la iniciativa para conseguir que el Gobierno de la Nación promulgue un decreto que incluya las medidas solicitadas y establezca la implicación presupuestaria de las distintas administraciones.