El informe de UPA demuestra un comportamiento mimético entre las diferentes empresas de la distribución en relación con el precio del pollo, que en su opinión no encaja con la legislación de competencia, de comercio ni de la cadena alimentaria.
Trece meses de estudio para demostrar esta evidencia
UPA ha estudiado a lo largo de trece meses los precios del pollo en origen, en matadero, los costes de la distribución, almacenaje y logística y, finalmente, los precios de venta al público. Las conclusiones son claras: “Las cadenas de súper e hipermercados usan el pollo como producto reclamo para los consumidores y lo venden por debajo de costes”, aseguran.
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, participa en la reunión de constitución del consejo asesor de la agencia AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) creada a raíz de la nueva ley, donde asegura que pedirá al director de dicho organismo, José Miguel Herrero, y a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que apliquen la ley y eviten estas prácticas que han provocado el cierre de una de cada cinco granjas avícolas en los últimos siete años, generando pérdidas de 18,7 millones de euros al sector en un año.