Desde UPA CLM vienen denunciado estos planes desde que en mayo de 2013, cuando el Gobierno aprobó un Plan Hidrológico para el Guadiana que establecía que 11 de las 20 masas de aguas subterráneas que se localizan en la parte española de la demarcación se encontraban en situación de ‘no alcanzar el buen estado cuantitativo’, es decir, sobreexplotadas.
El secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo lo califica como “un agravio comparativo con otras regiones”, puesto que “curiosamente, estas 11 masas de agua, se encuentran en territorio de Castilla-La Mancha, casualmente todas las masas de agua del Alto Guadiana se declaran en situación de sobreexplotación”.
Ante esto, la organización agraria considera "injustas las limitaciones que se establecen en todas estas masas de agua subterráneas en cuanto a los recursos hídricos que los regantes del Alto Guadiana van a poder utilizar". Unas limitaciones en la cantidad de agua a utilizar, pero también en cuanto a prohibir su acceso al derecho del recurso para riego, al suspender la posibilidad de otorgar nuevos pozos de hasta 7.000 m3, amparados en el artículo 54.2 de la Ley de Aguas.
Recortes de dotaciones y de derechos al acceso del agua de los regantes
“Esto significa que los regantes van a ver recortadas sus dotaciones y sus derechos al acceso al agua en una zona que afecta a 13.480 km2, donde de unas concesiones legales aprobadas por la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de 865,85 Hm3, solo van a poder utilizar entre 297 y 321 Hm3 anuales, es decir, alrededor de un 35 % de su derecho”, ha explicado Julián Morcillo.
UPA CLM considera que esta limitación va a costa de la rentabilidad de sus explotaciones, sin ningún tipo de compensación. Y en casos más extremos, como el de La Mancha Occidental I, las limitaciones obligan a los regantes a solo utilizar un 27,85 % de sus derechos legales de riego.
Desde la organización insisten que estas declaraciones de sobreexplotación se derivan del desarrollo del Plan Hidrológico del Guadiana que se aprobó en mayo de 2013, “Plan que contó con el voto en contra de nuestra organización, y que fue duramente criticado por UPA CLM”.
Desde la fecha de entrada en vigor de estas declaraciones de sobreexplotación la CHG (dependiente del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España) tiene un plazo de 6 meses (hasta junio) para constituir las comunidades de usuarios de estas masas de agua y de un año para la aprobación de un programa de actuación a llevar a cabo en cada una de ellas. Es por ello, que UPA ha pedido una reunión al presidente de la Confederación Hidrográfica.