Representantes de la Ejecutiva Federal y de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de las distintas provincias españolas se han reunido este martes 8 en Mérida para demostrar su apoyo y reivindicar la inocencia de los compañeros que aún están en prisión y proclamar que «todos somos UPA-UCE» y que el sistema utilizado en sus labores de asesoramiento no sólo es legal sino que viene recogido oficialmente en algunas CCAA.
“Creemos en el buen hacer y el trabajo de los compañeros de UPA-UCE Extremadura”, con estas palabras Lorenzo Ramos comenzaba la rueda de prensa tras la celebración de la reunión de la Ejecutiva Federal en Mérida. Ramos ha querido hacer hincapié en que la organización “no comprende” que haya dos compañeros privados de libertad “cuando es una medida que se toma excepcionalmente para casos muy graves”.
defiende que el trabajo de asesoramiento que ha realizado ha sido supervisado y recogido en algunas CCAA como La Rioja
Desde UPA quieren dejar claro que la organización presta servicios al agricultor por los que recibe una contraprestación económica, algo que de ningún modo es ilegal: “Nosotros prestamos servicios a nuestros afiliados porque el campo es una actividad que requiere una gran profesionalización”.
En este sentido, el secretario general de UPA insiste en que el trabajo de asesoramiento ha sido supervisado y validado por la Administración Pública: “En el nuevo modelo, que ya está recogido en normativas como la de La Rioja, las ayudas de asesoramiento las cobrará directamente la entidad que preste el servicio, a diferencia de ahora que se dan al agricultor y este luego paga el servicio que se le ha realizado”. Recalca que “aquí nadie se ha llevado un duro para su casa”.
Para UPA la actuación de la Guardia Civil ha sido “desmedida y desproporcionada” criticando el “espectáculo mediático” que se organizó en torno a los registros de las sedes de UPA-UCE: “Hemos colaborado en todo momento con la Guardia Civil y con la justicia, no creemos que nos mereciéramos este tipo de actuaciones”.
Ramos ha querido agradecer las muestras de apoyo recibidas en estos días: “Los agricultores y ganaderos nos han mostrado su apoyo, manifestándonos que se sienten orgullosos de pertenecer a esta organización”.
Ramos ha anunciado que los abogados están preparando los recursos para que Ignacio Huertas y Maxi Alcón “puedan volver cuanto antes a casa”. También ha querido recordar que las oficinas de la organización en Extremadura “funcionan con total normalidad” y están a disposición de los afiliados y afiliadas “como siempre”.
La organización reclama a la ministra que «tome la iniciativa, porque la PAC en España no ha funcionado”
Ramos ha manifestado que “ahora que la Ministra no está en funciones, esperamos que funcione”. En este sentido, el secretario general de UPA ha puesto de manifiesto que los agricultores y ganaderos están preocupados por los problemas climáticos de este año; también por la tuberculosis bovina, que no solo afecta a Extremadura, si no que los problemas de sanidad animal también se extienden a otras Comunidades Autónomas.
Desde UPA critican que España “no está presente” en las negociaciones que se están llevando a cabo referentes a la nueva reforma de la PAC después de 2020: “Nosotros queremos que nuestro gobierno tome la iniciativa, porque la PAC en España no ha funcionado”.
Por último Ramos ha recordado que todos los sectores continúan con problemas de precios, por lo que demandan un endurecimiento de las sanciones contempladas en la Ley de la Cadena Agroalimentaria para que las grandes superficies “no les salga rentable incumplir la Ley”.
No ha reclamado ningún aplazamiento de las elecciones aunque recurrirá irregularidades en el proceso
Por su parte Antonio Prieto, portavoz de UPA-UCE, ha manifestado que desde la organización en ningún momento se ha pedido el aplazamiento o anulación de las próximas elecciones al campo en Extremadura.
Ha aclarado que UPA-UCE presentó las alegaciones pertinentes a la Ley Agraria para evitar que el proceso “fuera un auténtico pucherazo” y lograr así unos comicios transparentes y democráticos. Pero Prieto critica que en la publicación de los censos se han cometido dos irregularidades “muy graves”.
Por un lado, se incumple la propia Ley al no cruzar los datos de los agricultores y ganaderos con derecho a voto con los datos de la Seguridad Social. Tampoco se ha publicado el censo en la web de la Junta, tal y como está previsto en la Ley, para que todas las organizaciones que quieran optar a representación cuenten con los datos de los electores: “A día de hoy no está lo uno ni lo otro”, por lo que UPA-UCE está estudiando presentar las reclamaciones pertinentes.