Además de resaltar que el regadío contribuye al desarrollo sostenible por varias vías: crea riqueza e incrementa el valor de las producciones, incrementa el empleo, contribuye a la consolidación de las explotaciones agrarias, mejora el nivel de vida de los trabajadores y desarrolla empresas paralelas, la organizació agraria recalca que "en el Acuífero 23 hay un Plan Especial del Alto Guadiana en el que se venia a subsanar la injusticia de los agricultores jóvenes que en el año 1986 no pudieron optar a una concesión de agua. Mediante este Plan, recibirían gratuitamente derechos de agua, pero en la actualidad se ha paralizado al no dotarlo de fondos en los Presupuestos Generales del Estado".
Por ello, lamentan que "con la modificación del régimen sancionador están llegando nuevas notificaciones a agricultores de la provincia de Cuenca, con cuantías que son inasumibles y que de ninguna manera se corresponden con el beneficio obtenido por el uso del agua, sanciones 10 veces superiores que con el régimen sancionador anterior, impuestas a agricultores profesionales que se auto emplean, generan empleo eventual, pagan impuestos y producen alimentos".
Por estos motivos, desde UPA Cuenca exigen que "se realice un estudio serio y riguroso en la Masa de Agua de Altomira, de manera que los recursos hídricos se gestionen según ordena la Directiva Marco del Agua, desde el principio de la solidaridad y que se permita una explotación racional, acorde con la recarga del acuífero y con el necesario desarrollo de la zona".
Asimismo, piden que "se consigne presupuesto suficiente para continuar con la legalización de pozos, así como con la autorización de concesiones, según lo dispuesto en el Plan Especial del Alto Guadiana y que se modifique el régimen sancionador, de manera que las multas se correspondan con el beneficio obtenido, así como la adopción de medidas encaminadas a adaptar a los tiempos la ley de aguas, en lugar de criminalizar al agricultor".