Los dos coordinadores han expresado su temor a que los 8,2 millones se destinen a la Consejería de Hacienda, con la intención de rebajar el déficit de la comunidad autónoma, y no lleguen a los agricultores, con lo que se mantiene, según Julio López, una deuda de unos 18 millones en ayudas impagadas correspondientes al periodo 2007-2013.
Por otra parte, Julio López, que ha defendido la gestión que ha hecho la Consejería de Agricultura y Ganadería de los fondos de desarrollo regional, ha abogado por una definición del agricultor activo como aquel que ejerce la profesión a título principal y que se tenga en cuenta en el reparto de las ayudas que otorga la nueva Política Agrícola Común (PAC).