UPA.- UPA-Andalucía denuncia que la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) presentada por el consejero de Agricultura, Dacian Ciolos, se basa en una tasa plana que incentiva un modelo no productivo. De ahí que el Secretario General de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, asegura que nuestra Organización defenderá, a partir de ahora, una reforma que sí apueste por la productividad y el empleo. “Hay que recordar que en Andalucía, la industria agroalimentaria, el sector agrario, tiene un carácter exportador, exportamos a todo el mundo frutas, hortalizas, aceite de oliva, cárnicos, y por lo tanto entendemos que la base de cualquier reforma, la base de cualquier modelo de ayudas tiene que ser incentivar una agricultura productiva para que haya generación de empleo, todo lo contrario de lo que se ha planteado en estos momentos”, ha asegurado en rueda de prensa en Jaén.
UPA-Andalucía también lamenta que la reforma plantee la ausencia total de cualquier mecanismo de regulación de mercado. “Un sector como el de la agricultura en Europa sin mecanismos de regulación de mercado, con una distribución perfectamente organizada, se quedaría en el futuro sujeto a merced de los vaivenes de los movimientos especulativos en manos de la gran distribución”, informa Agustín Rodríguez. Por lo tanto, UPA-Andalucía entiende que es una reforma que camina directamente a “incentivar una agricultura no productiva y, por lo tanto, una agricultura que no generaría empleo, cuando en Andalucía el avance que se ha producido en las últimas dos décadas, donde se ha más que doblado la producción final agraria, ha hecho que el sector agroalimentario sea la primera industria”.
En este sentido, Agustín Rodríguez hace hincapié en que los mecanismos de regulación de mercado son imprescindibles para atajar el desequilibrio latente en la cadena alimentaria y, consecuentemente, la persistente crisis de precios que está asfixiando a los agricultores y ganaderos. UPA-Andalucía se reafirma en la necesidad de poner en marcha un código de buenas prácticas comerciales, que permita frenar la política abusiva de la gran distribución; el impulso de las interprofesionales, de modo que estas puedan convenir precios mínimos ligados a los costes medios de producción, al menos en situaciones de crisis; el desarrollo de instrumentos de concentración de la oferta y, por último, la puesta en marcha de contratos-tipo efectivos entre industria y productores, que eviten el desequilibrio de la cadena alimentaria tal y como sucede en la actualidad.
El problema para UPA-Andalucía no estriba solo en la tasa plana para todas las hectáreas, sean productivas o no. Al respecto, Agustín Rodríguez se preguntó “de dónde han salido los millones de hectáreas que a fecha de 2011 han emergido en los supuestos datos con derecho a ayuda”. Y ofreció datos: “En España hemos pasado de 16,8 millones de derechos a una declaración este año de 24,9 posibles perceptores de derechos de cara a la reforma. Hablamos de 8 millones de hectáreas más incluidas en el sistema esperando percibir una ayuda como consecuencia de la reforma de la PAC”. Ante estas cifras, el Secretario General de UPA-Andalucía insiste: “Dónde estaban estos millones de hectáreas. Es el momento de posicionarse y decir si estamos dispuestos a subvencionar de igual manera una hectárea de olivar, de algodón o de tomate productiva, y una hectárea de erial o de barbecho o de pasto. Esto es lo que no puede ser y es el verdadero debate que tenemos por delante. Las ayudas de la PAC tienen que ir dirigidas a las hectáreas y agricultores productivos”.
UPA-Andalucía insiste en que no es posible aceptar un modelo que pretende tratar de forma igual en términos de ayudas a una hectárea de olivar, algodón o tomate y una de pastizal. Asimismo, ha defendido la subsidiariedad, de modo que sea cada Estado el que adapte las ayudas a las necesidades de cada región y cada cultivo, asegurando así la diversidad de los mismos. En este sentido, UPA-Andalucía defiende el apoyo a los agricultores activos, poniendo además en valor el empleo a la hora de percibir las ayudas; y la fijación de un techo máximo por explotación en lo referente a las ayudas, de modo que el presupuesto esté al servicio del interés general y no solo de unos pocos.