Lorenzo Rivera Prieto / Coordinador de COAG Castilla y León

Desde nuestra organización agraria, COAG, siempre hemos defendido una Europa fuerte, unida y cohesionada, capaz de sintonizar con las distintas realidades de los veintisiete estados miembros. Pero si echamos la vista atrás, en lo que se refiere a la agricultura, las cinco grandes reformas que ha experimentado la Política Agraria Común (PAC) no han mejorado, en términos generales, la situación de las explotaciones agrarias en nuestro país. Y no solo no la han mejorado en lo económico, sino que tampoco lo han hecho en lo social. Los daños que estas reformas han generado en el sector, han sido dramáticos en el aspecto humano: pérdida de agricultores y ganaderos por falta de viabilidad económica y, lo peor, envejecimiento del sector por falta de relevo generacional.

En todas las reformas anteriores, los profesionales a título principal (ATP) siempre han resultado los más perjudicados. Y esto es así desde que se dejó de compensar a los agricultores con un sistema de protección a través de los precios de los productos y se apostó por un sistema de ayudas compensatorias a la renta, comenzando así un sistema perverso de ayudas por hectárea, tan desigual como injusto. Este sistema ha provocado diferencias enormes entre países y entre agricultores, que aún arrastramos, y que ahora se intenta corregir a través de lo que han dado en llamar “convergencia de derechos”. Pero como se suele decir, agua pasada no mueve molinos.

La desaparición de las cuotas de producción y de los sistemas de regulación de los mercados nos han traído, además de muchos disgustos con los precios, también un gran debate sobre lo más importante para todos, consumidores y agricultores, con relación a la soberanía alimentaria y los mercados de proximidad, que tanto se piden ahora, y que nuestra organización lleva décadas planteando.

Ahora, tras más de tres años de debates, se aprueba la última reforma, que debería haber corregido todos los problemas generados por las anteriores, pero que no solo no lo hace sino que va teledirigida en perjuicio de los profesionales ATP, colectivo al que desde que me afilié, allá por 1983, la organización COAG ha defendido y defiende.

En esta nueva PAC sólo importa el Pacto Verde, la arquitectura verde o la Estrategia de la granja a la mesa, todas palabras biensonantes y grandilocuentes para luchar contra el cambio climático y la mejora del medio ambiente… ¿a ver quién se niega a todo esto? En esta lucha, en COAG somos los primeros; pero eso sí, siempre que haya un equilibrio social y económico por delante. De lo contrario, esta reforma última será un nuevo fracaso y otra vuelta de tuerca contra los profesionales, una vez más los grandes perdedores, ahora con la convergencia de los derechos, como en ecoesquemas, pagos redistributivos, degresividad y en ayudas asociadas también, donde no se tiene en cuenta la realidad de nuestras explotaciones.

Y lo peor de todo, en la conferencia sectorial, de diecisiete comunidades autónomas sólo una, Castilla y León, defendiendo a los profesionales ATP.

Una vez más impera la necesidad de que lleguen los fondos europeos por encima de a quién se reparten. Entre tanto, en los próximos años veremos un sector más envejecido y con menos profesionales. Por mal camino vamos.